GOBERNANZA Y POLÍTICAS DE LA CULTURA Y LAS ARTES



Una política cultural,como cualquier otra política pública, debería consistir en una acción del gobierno basada en el análisis de la realidad y en un programa que pretenda obtener unos objetivos de cambio y mejora.

Decía hace unos días en una conferencia que le escuche en Santiago de Chile al sociólogo mexicano José Trinidad Padilla López, director del Instituto de Investigación e Innovación y Gobernanza, de la División de Estudios Políticos y Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, México, que "la globalización ha conducido a una crisis al modelo de desarrollo de América Latina". Señalaba el experto azteca que debido a esas tensiones globalizadoras fue necesario entrar en un proceso de mayor competitividad entre la creciente liberalización de la economía y la reforma del Estado, "procesos que responden a su vez a una tendencia democratizadora que puso fin al modelo autoritario que por décadas se impuso en la región". Aunque la consolidación de esos procesos ha traído, empero, mayores niveles de exigencia por parte de una sociedad más pluralista, abierta y compleja que la que había tenido acceso al poder hasta la década pasada. Ello ha puesto de mayor relevancia a nuevos actores políticos y sociales, más empoderados en áreas claves del desarrollo social y económico.Padilla López nos advertía que los gobiernos latinoamericanos parecen más preocupados de la legitimación del poder tras la salida del autoritarismo, desatendiendo las capacidades directivas y técnicas necesarias para la gestión pública. La pregunta que se hacía es sí el Estado sigue siendo el sujeto de la acción social.Parece que no. Especialmente cuando se tienen la vista el conjunto amplio de falencias que muestra en buena parte la acción pública. Las debilidades estructurales del Estado lo han convertido más en parte del problema que en la solución. Este orden de cosas se ha traducido en un mayor interés por los procesos gubernativos y por la importancia creciente que alcanzan las políticas públicas, habiéndose centrado la discusión en la actualidad más en el cómo se gobierna que en el para qué o para quiénes se gobierna.La clave parece ser la gobernanza.En los últimos 20 años en Chile, la actividad cultural ha experimentado profundos cambios en innovaciones, conformando una realidad inédita a partir de la organización de una nueva institucionalidad cultural. No obstante, la reflexión sobre el rol que le corresponde a la participación ciudadana en la vida cultural sigue siendo, en buena medida, una asignatura pendiente que las cifras de consumo y los niveles de audiencia no alcanzan a mitigar.La tendencia más o menos generalizada en la política cultural de los primeros años de nuestra actual democracia y que parecía considerar la participación de los ciudadanos como una de las piezas articuladoras de las políticas, se ha visto reemplazada por una cierta atonía y un conformismo apático. El Estado parece más preocupado por la gestión de programas y equipamientos culturales que en estimular la participación ciudadana en la formulación de sus propias políticas culturales. Replantear cuál debe ser el lugar de la participación ciudadana más allá del consumo, es un reto importante que debe abordarse teniendo en cuenta la múltiple gama de posibilidades y opciones que la participación supone, especialmente en aras de una mejor gobernanza.Evaluar las políticasNo parece suficiente contar con mecanismos político-administrativos para garantizar una gestión eficaz-eficiente de políticas culturales orientadas a la creación de audiencias culturales.En nuestro sistema sociopolítico, pocas veces se hacen del conocimiento público los diagnósticos y casi nunca las diferentes alternativas de solución que sustentan las políticas públicas.Evaluar los efectos de las intervenciones públicas contribuye a mejorar la racionalidad instrumental de la implementación de las políticas públicas, permitiendo conocer mejor la realidad sobre la que el decidor estatal interviene (comparación y objetivos), instando a la realización de análisis de la eficacia de la acción gubernamental. Sabemos muy poco sobre las relaciones causales en el ámbito de la cultura, funcionamos a base de consensos y tópicos no demostrados empíricamente. Analizar las políticas públicas que el Estado realiza en el ámbito de la generación de audiencias para el arte y la cultura nos permitirá responder si lo estamos haciendo de la mejor manera posible en la implementación de las políticas culturales, si lo que estamos haciendo con los recursos del erario corresponde a los criterios de equidad que debiera informar la aplicación de las políticas públicas y, si en efecto esas intervenciones públicas contribuyen a la generación de audiencias y a la democracia cultural.En general, las políticas que no pueden concretar objetivos en indicadores más o menos cuantificables, difícilmente pueden ser buenas intervenciones. Su idoneidad dependerá de la interpretación arbitraria de un agente interesado, lo que reduce el calado democrático de las intervenciones públicas y reduce el papel de la participación social.Una política cultural, como cualquier otra política pública, debería consistir en una acción de gobierno basada en el análisis de la realidad y en un programa que pretende obtener unos objetivos de cambio y mejora. No obstante, habida cuenta la experiencia local en buena parte de las áreas de intervención del sector público, más allá de los campos del arte y la cultura, la práctica de la evaluación de las políticas es aún una experiencia escasa y, por lo mismo, necesaria.(versión extendida de artículo publicado originalmente en http://www.municipalidadycultura.es/)

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