Los desafíos del mecenazgo (Entrevista en La Voz del Interior, Córdoba)

El especialista chileno abrirá hoy el ciclo "Políticas culturales actuales" con una conferencia sobre "Mecenazgo en América latina". En la Argentina no existe una legislación sobre el tema.

Gustavo Pablos
De nuestra Redaccióngpablos@lavozdelinterior.com.ar

Hasta hace pocos años, muchos argentinos solían ruborizarse cuando alguna circunstancia les recordaba que nuestra dilatada llanura forma parte de Latinoamérica. Nosotros, decían, estamos más cerca de Europa, del primer mundo, que de las pieles cobrizas que nos rodean al norte y al oeste. Sin embargo, la dura realidad de las acciones, de las legislaciones y de los hechos demuestra que podemos aprender no sólo de Europa sino también de los países vecinos. Para muestra cabe citar un solo ejemplo: en Argentina no hay una ley de mecenazgo, la misma que sí tienen la mayoría de las naciones centrales y varias de América, y que permite que las empresas pequeñas, medianas y grandes, como también los particulares, puedan financiar buena parte de la actividad cultural a través de un porcentaje del dinero de sus impuestos. Para referirse a los diversos modelos de ley existentes en cada país, como al rol del Estado y de las empresas, el académico e investigador chileno Cristian Antoine disertará hoy en ciclo "Políticas culturales actuales", que organiza la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba con el auspicio de La Voz del Interior. El título de su conferencia es "Mecenazgo en América latina". Antoine es es doctor en Ciencias de la Información (Universidad Complutense de Madrid) y autor de los libros Afganistán. La guerra oculta, Patrocinio y donaciones con fines culturales y Mecenazgo y patrocinio cultural. "Hace unos 30 años, primero en Europa y Estados Unidos y después en Latinoamérica, surgió la necesidad de destinar más recursos para el financiamiento de la cultura", dice Antoine. Y agrega: "Esto surgió porque el Estado no podía continuar cumpliendo el rol que había tenido en el último siglo y medio y porque entendió que nuevos actores, como empresas y fundaciones, podían intervenir en el desarrollo de políticas públicas orientadas a la cultura". Versiones del mecenazgo "Hay tres líneas posibles para solucionar el tema de cómo invitar o estimular a que otros sectores se hagan responsables del financiamiento de las artes", señala. Uno de los modelos es el de Estados Unidos, al que Antoine denomina "modelo de la filantropía". En este caso el Estado asume cierta preocupación por el campo cultural pero "no interviene directamente" sino a través de "la principal ley que ellos tienen: la ley tributaria". "Le deja a cada contribuyente la posibilidad de destinar una parte de las obligaciones con el Estado federal a las causas que considere pertinentes", explica. Las organizaciones previamente deben "acreditarse y someterse a procesos muy estrictos de fiscalización" que les permitan quedar habilitadas para recibir las donaciones. "El modelo ha sido muy exitoso y es una muestra de cómo cada una de las personas contribuye al financiamiento de museos, galerías, universidades", asegura. El segundo modelo es el de Europa, donde los países han creado sus propias leyes de mecenazgo "buscando el estímulo de las empresas a través de la concesión de beneficios tributarios", como sucede en España, Francia e Italia. "Este modelo también ha funcionado muy bien, pero hay que comprenderlo en el contexto de naciones que tienen una práctica de mecenazgo que se restituye a la época de los romanos –argumenta–. La diferencia con Estados Unidos es que el Estado no prescinde de su acción sino que también financia directamente muchas actividades". –¿Cómo es la situación en América latina? –No hay leyes de mecenazgo en general, por lo tanto los cuerpos legales que tenemos son de menor cuantía jurídica y muchas veces producto de modificaciones de leyes anteriores. Los dos casos más preclaros son Brasil, con la Ley Rouanet, y Chile, con la Ley Valdez, ambas muy parecidas y de principios de la década de 1990. Colombia y México tienen leyes muy específicas. La ley de Brasil posibilita que el sector privado financie a la cultura por 800 millones de dólares anuales, mientras que la creada en Chile permitió que en los últimos 10 años se multiplicaran por 20 los recursos para el área cultural. "Lo que cada empresa puede descontar de impuestos varía de acuerdo a cada país", dice. Y añade: "En Chile la norma es del 50 por ciento, en Brasil es del 10 al 20 por ciento, y en México y Colombia puede llegar a superar el 50". "No hay un modelo único al cual poder mirar y decir este es el mejor –sostiene Antoine–. Creo que lo que hay que hacer es investigar y realizar una síntesis de las legislaciones en función de las experiencias". Un Estado atento "Cuando el Estado estimula a una empresa o un particular a entregar parte de sus impuestos para financiar una actividad cualquiera, como un museo o una galería, lo que está diciendo es que tiene cierta capacidad de renunciar a exigir el cobro del 100 por ciento de los impuestos a los cuales legítimamente tiene derecho", afirma Antoine. Y añade: "El Estado está poniendo el 50 por ciento al rebajar un impuesto, y esa actitud de solidaridad y complementariedad es compartida por distintos actores a los que les interesa conseguir el bien común, como las organizaciones del tercer sector". –¿Cuál es la mejor fórmula para evaluar los proyectos y las organizaciones beneficiadas? –No me atrevería a decir que hay una fórmula mejor, pero sí que se deben cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, en Chile convendría que el dinero pudiera fluir más hacia las organizaciones y no hacia los proyectos, porque si no la empresa que se interesa en esta forma de apoyo tiene que hacerlo por proyecto, uno por uno, sin continuidad, por lo tanto a veces se gana y otras se pierde. Esto genera que los gestores culturales deban hacer esfuerzos denodados para alcanzar un mejor resultado en la administración de los proyectos. Mientras que en Estados Unidos se financia la gestión de una organización cultural acreditada. "Es importante que exista una comisión integrada por miembros de la sociedad civil, de las empresas, del Estado, artistas, sindicatos, para determinar cuáles son los proyectos elegibles", dice. Antoine considera legítimo que las empresas busquen patrocinar donde encuentren "la mayor visibilidad posible", y por eso siempre habrá sectores que serán "más favorecidos". Pero en esas circunstancias el Estado debe "actuar subsidiariamente" y con "políticas de apoyo" hacia los que son "menos visibles o elegibles". –¿Qué efectos están produciendo estas legislaciones? –Los gestores culturales han debido profesionalizarse para conseguir recursos, lo cual es un gran acicate. Es importante porque se comienza a comprender que la dimensión cultural debe ser sometida a reglas de racionalidad y control administrativo, y eso dio lugar a que alcance un puesto de relevancia en la marcha de muchos países. Por eso hay un incremento de las políticas orientadas a la creatividad, a la identidad, al rescate de todo aquel patrimonio histórico que pueda tener un atractivo turístico. Argentina, sin legislación En la Argentina, a pesar de algunos intentos provinciales, como el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hay ninguna ley de mecenazgo sancionada y vigente. –¿Por qué cree que la Argentina no tiene legislación? –Tienen una tradición de mecenazgo muy interesante en su historia, pero les ha sido difícil generar los consensos necesarios para estos estímulos. Lo que sucede es que a veces faltan instancias de diálogo, o se perciben expectativas distintas y los actores no coinciden en un espacio común donde puedan discutirse estas materias. Los lenguajes no son los mismos, y con frecuencia los artistas no entienden a las empresas, y las empresas no comprenden qué quieren los Estados. –La falta de legislación, ¿no puede obedecer al hecho de que los gobiernos sospechen del destino de los fondos? –El modelo chileno, como cualquier otro modelo, sólo funciona en países donde el cobro de impuestos es eficiente. Si desde la administración no hay una forma de averiguar adónde va el dinero, esto se convierte en tierra de nadie y podrían cometerse muchos abusos. Son problemas que tienen que resolver los gobiernos para generar las instancias necesarias en el control. –Están quienes consideran que la actividad cultural no debe ser apoyada... –No estoy para nada de acuerdo con eso. El Estado tiene obligaciones en el ámbito cultural. El acceso y el disfrute a la cultura, a los bienes del espíritu, al desarrollo científico y tecnológico es un derecho humano esencial. Esto está avalado por tratados internacionales y si un país los suscribe pasan a formar parte de su sustrato jurídico. Ni siquiera en Estados Unidos, cumbre del liberalismo, el Estado renuncia a su obligación de tener que contribuir a la consolidación de lo cultural. Me parece muy extraño que existan voces que digan eso. La única excepción es cuando se da una especie de contrabando ideológico y el Estado manipula las actividades culturales como una forma de propaganda. Pero en general esto sucede en períodos no democráticos, como en las dictaduras y sus distintas expresiones.

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