INTERVENCIONES PÚBLICAS Y ARTES ESCENICAS. UNA RESEÑA Y TRES CUESTIONES DISPUTADAS.



Por Cristian Antoine

(Reseña el Taller “Efectos de la intervención gubernamental en la economía del espectáculo. Análisis internacional comparado”, que correspondió a la primera jornada a “puertas cerradas” del II Encuentro de Economía de las Artes del Espectáculo , Universidad de Buenos Aires, 2008).



Suelo explicar a mis alumnos en clases que si hay algo realmente difícil de hacer en el Periodismo Cultural es confeccionar una reseña. Etimológicamente nos retrae a esa idea original del italiano de elaborar una narración sucinta (recensio, lat.) que da somera cuenta de los rasgos distintivos de algo. Se trata de captar la esencia de los hechos para darlos a conocer a otro, capturar lo medular para notificarlo, para hacerlo conocido. Quien reseña recoge y siembra. Recoge las ideas de otros para entregarlas a una nueva tierra, donde espera den frutos.

Vamos por parte, ustedes ya saben quienes intervinieron en el taller y cuáles son sus especialidades, así que no me detendré en ello. Lo primero que tendría que decirles es que una buena conclusión de lo qué se trató en esa reunión es que a los asistentes del Encuentro les parece que evaluar los efectos de las intervenciones públicas contribuye a mejorar la racionalidad instrumental de la ingerencia del Estado en la economía del espectáculo.

Una idea parecida le había leído hace un tiempo al profesor español Pau RAUSELL (2004), cuando afirma que la evaluación de las políticas públicas nos permite conocer mejor la realidad sobre la que el decidor estatal interviene (comparación y objetivos), instando a la realización de análisis de la eficacia de la acción gubernamental .

Lo cierto es que sabemos muy poco sobre las relaciones causales en el ámbito de la cultura, funcionamos a base de consensos y tópicos no demostrados empíricamente. Analizar las políticas públicas que el Estado realiza en el ámbito del arte y la cultura nos permitirá responder si lo estamos haciendo de la mejor manera posible en la implementación de las políticas culturales, si lo que estamos haciendo con los recursos del erario corresponde a los criterios de equidad que debiera informar la aplicación de esas mismas políticas y, si en efecto, esas intervenciones públicas contribuyen a la generación de audiencias y a la democracia cultural.


Me asiste el íntimo convencimiento de que todos los que estábamos reunidos en torno a la mesa de discusión, matices más, matices menos, coincidirían en reconocer que, en general, las políticas que no pueden concretar objetivos en indicadores más o menos cuantificables, difícilmente pueden ser buenas intervenciones . Su idoneidad dependerá de la interpretación arbitraria de un agente interesado, lo que reduce el calado democrático de las intervenciones públicas y limita el papel de la participación social.

Hoy sabemos que la gente y los políticos están dispuestos a apoyar la labor del Estado en cultura, pero las organizaciones culturales deben acostumbrarse a que en forma creciente se les pida, a cambio de los subsidios públicos, que justifiquen detalladamente sus gastos. Deberán probar que ese dinero es un recurso bien gastado.

Antes de intentar reseñar las principales temas de la discusión del Encuentro, dedicado como saben a tratar de explicar cuáles son las variables que explican el funcionamiento del sector cultural de las artes escénicas como resultado de las acciones de los gobiernos, creo conveniente detenernos un momento a explicitar, especialmente de cara al público no experto o que da sus primeras travesías en esta materia, cuál es el estado de la cuestión a propósito de la intervención del sector público en la cultura y las artes.



I. Las políticas públicas en cultura.

Una política cultural, como cualquier otra política pública, debería consistir en una acción de gobierno basada en el análisis de la realidad (YUDICE-MILLER, 2004) y en un programa que pretende obtener unos objetivos de cambio y mejora (OCHOA, 2003) . No obstante, habida cuenta la experiencia más común en América Latina en buena parte de las áreas de intervención del sector público, más allá de los campos del arte y la cultura, la práctica de la evaluación de las políticas es aún una experiencia escasa y, por lo mismo, necesaria (CAETANO, 2003; CUBELS, 2000; FOQUE, 2000).

Lo que ocurre es que sobre las políticas culturales se habla mucho, se escribe poco y se investiga menos aún. De alguna manera, las políticas culturales forman parte todavía de la región más débil de las políticas públicas .

No existe una definición de consenso sobre lo que son las políticas públicas (HARVEY, 1980ª y 1980b; OCHOA, 2003; AGUILAR, 1993; MENY, 1992 y KOVACS,1995 ) . Comprendidas por ANDER EGG (1995) como el conjunto de operaciones, principios, prácticas y procedimientos de gestión administrativa o presupuestaria que sirven de base a la acción cultural del Estado, las políticas culturales cumplen un papel en relación a la cultura de una sociedad .

Aunque se debe concluir (GARRETON, 1992), que a su lado hay otros actores como los creadores y el sector privado . Para el analista chileno, las políticas culturales son el conjunto de actividades e iniciativas dirigidas a satisfacer necesidades culturales, desarrollar el ámbito expresivo-simbólico y generar perspectivas compartidas de la vida social, de una determinada comunidad.

La idea de políticas culturales, en general referidas al Estado, es más bien de corta data, aún cuando haya habido políticas culturales de los Estados y de los gobiernos desde que éstos existen.

Destacan entre los estudios que intentan explicar la influencia de las políticas públicas en el sector de las artes y la cultura, algunos esfuerzos confeccionados en España, como el trabajo de BONET (2001) sobre la necesidad de planificar y evaluar las políticas culturales; el de DELGADO (1994) que revisa el panorama de las políticas culturales en España de acuerdo con el programa de evaluación de las políticas culturales del Consejo de Europa; el documento del propio MINISTERIO DE CULTURA de España (1995) que reflexiona sobre el diseño y ejecución de las políticas públicas en el área de cultura y el estudio de RUBIO AROSTEGUI (1995) sobre la evaluación de las políticas culturales locales en esa nación .

Un esfuerzo concreto es el de DE GREGORIO (2003) que propone una interesante metodología en torno a la evaluación de la política cultural de la ciudad española de Puerto Real y las conclusiones de un encuentro de expertos europeos coordinados por BLOOMFIELD (2006) que concuerdan en la necesidad de generar políticas culturales para ganar proximidad al ciudadano .

Han hecho aportes sustantivos además, la serie de trabajos realizados desde la economía de los medios de comunicación (ZALLO, 1992), el marketing cultural (COLBERT, 2003); la comunicación social (MEYER, 2005) o, con más propiedad, desde la economía de la cultura (RAUSELL KÖSTER) .

Este última se ha centrado en el análisis y evaluación de la eficacia de las políticas culturales, acumulando una experiencia que sería interesante seguir con más detalle. La relevancia de la realidad cultural local exige un plan marco de estadísticas culturales que permita tomar decisiones informadas a los agentes públicos y privados y que aporte transparencia facilitando la participación social en los debates sobre políticas culturales.

Es a partir de dicho marco que es posible reflexionar sobre las variables que explican el funcionamiento del sector cultural de las artes escénicas como resultado de las acciones del sector público.

II. El Estado y el sector de las artes escénicas.

Sector de las artes escénicas es un sector intervenido en mayor o menor medida, por el sector público, a partir del acceso a espacios de apoyo o el aporte a proyectos de artes escénicas, el Estado se hace presente por diversos medios, rebajas tributarias, IVA, seguridad social, etc. Lo cierto es que la intervención habitual del Estado en asuntos de cultura es efectista. BONET se ha detenido durante el Encuentro a detallar como habitualmente el Estado propicia la realización de grandes eventos e hace un uso extrínseco de las actividades culturales.

En este sector coexisten distintos modelos de negocios (centros de producción públicos; compañías históricas; producción comercial privada; compañías independientes de producción local; empresas ad-hoc; microcompañías, entre otras), con diferentes formas de exhibición (teatro público; teatro privado comercial; salas privadas de alquiler; salas alternativas; festivales; teatro callejero). Esta abigarrada realidad convive con unas también muy disímiles fórmulas de financiamiento, derivadas de las políticas culturales de cada Estado en particular.

Cabe aquí preguntarse cuáles son los efectos de dicha intervención en el desarrollo de la actividad escénica en cada país, qué correlaciones es posible observar. Hay que partir de la base que nosotros no vamos a cambiar las políticas culturales, que lo que nos interesa es observar el efecto y los impactos de la acción pública sobre los públicos, los tipos de programación y las formas de expresión del arte.

La cuestión es sí están suficientemente explicitados todos los objetivos que persiguen las políticas públicas sobre las artes escénicas en un país. Pues allí donde hay objetivos explícitos también los puede haber implícitos, estos últimos están ligados a la gobernanza y la misión de los analistas a averiguar quienes son los stakeholders de las políticas públicas de teatro. Lo que se requiere es de más transparencia. En Estados Unidos, por ejemplo las organizaciones artísticas tienen que rendir cuentas a su público y a quienes las financian.

Michael RUSHTON, investigador y docente de la Universidad de Indiana, ha recopilado una interesante literatura científica que aborda este tema. En sus trabajos aparecen citados numerosos estudios analíticos sobre organizaciones de servicios sociales y de salud que están obligadas a rendir cuenta. En su experiencia ha quedado patente la posibilidad cierta de adaptar esos métodos a las propias expectativas de la economía de la cultura. En particular, el esfuerzo de RUSHTON ha estado puesto en resumir la importancia del mérito y las externalidades.

En efecto, en las distintas ciudades de los Estados Unidos se aplican distintos impuestos a las ventas minoristas, a los hoteles, al transporte y la actividad comercial en general. Pero sólo una ínfima cantidad de lo que se recauda por concepto de tributos personales y generales, se destina al financiamiento de la cultura. Las investigaciones de RUSHTON apuntan, en porcentajes gruesos, a que más del 90 por ciento de lo que las compañías artísticas recaudan proviene de ingresos propios (50% venta de entradas + 40% de donaciones de empresas y personas) y no de fondos públicos.

Es cierto que en los Estados Unidos no hay una política cultural federal, pero también lo es que en cada Estado los políticos que toman decisiones si las tienen, y las aplican. Mantener al Estado alejado de la cultura es el más sacrosanto principio de las políticas culturales del pueblo norteamericano .

Aunque el gobierno federal y los estados de la Unión contribuyen con una fracción de los recursos necesarios (5 al 10% de lo recursos disponibles), la política cultural más importante en Estados Unidos es la legislación tributaria.

Las instituciones culturales en el país del Norte, cualquiera su tamaño o nivel de complejidad, han debido desarrollar entonces distintas estrategias para la administración y recaudación de fondos, habiendo profesionalizado la gestión de recursos. Para ellas resulta imprescindible conocer a sus audiencias.

Si quieren recibir fondos públicos, que existen y están disponibles, deben ser capaces de demostrar que producen más externalidades que el simple goce de los bienes del espíritu. Ello porque los aportes económicos al sector se toman en base a estudios sobre el impacto económico de la cultura sobre los demás sectores, como el empleo, por ejemplo, o la generación de turistas. La eficacia de su gestión cultural parece depender más del modelo de asignación de recursos que de otras variables más “artísticas”. El profesor de la U. de Indiana agrega que las organizaciones culturales en Estados Unidos deben demostrar cómo prestan un servicio a la población, especialmente aquellas interesadas en postular a aportes públicos.

Mientras que en la gestión cultural latinoamericana, especialmente la que se financia con el esfuerzo de los tributos de los ciudadanos, no es pródiga en vincular criterios de eficacia con la generación de políticas culturales que presten servicios concretos a las personas. En América Latina, el sector cultural recibe fuertes subsidios por parte del Estado y, con excepciones, la profesionalización de los agentes y gestores culturales aún va al debe.

Ha sido David TROSHBY quien ha aludido al hecho de que la cultura es atractiva para la política, allí está la experiencia estadounidense que mencionábamos, tan preocupada de la transparencia del gasto público en las organizaciones, y la propia que él alude, cuando nos recuerda un debate actual en el Reino Unido.

Las organizaciones artísticas británicas, apostilla TROSHBY, alegan que no se pueden pasar todo su tiempo diciendo cuál es su aporte a la sociedad y qué hacen con los fondos que reciben; para ellos la mejor manera de justificar ese apoyo es haciendo obras de teatro buenas. Y claro que las hacen, Londres es La Meca del teatro desde hace ya varías décadas.

Claro que algo de razón tienen los artistas ingleses en protestar, el arte tiene un valor intrínseco y no instrumental. Pero no debemos pecar de un extremo subjetivismo, no es razonable alegar que el arte es bueno porque es bueno.

Habrá que hacer un esfuerzo por decir cuántos escolares asisten a ver las obras; cuantas obras de teatro a precios módicos se han hecho con los aportes que provienen de fondos públicos; cuantos artistas jóvenes se han formado con las becas que provienen de los gobiernos locales.

Tampoco podemos ser tan ingenuos de pensar que a los Estados sólo les preocupa apoyar a los teatros por un denodado esfuerzo por difundir las artes. Allí esta la experiencia de no pocas compañías de teatro en Cuba que con fondos del Estado, realizan campañas de concientización y adoctrinamiento político en zonas campesinas.

Los indicadores que aseguran una mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos son necesarios para las organizaciones culturales, también lo son para la construcción de adecuadas políticas culturales. Ha sido Octavio GETINO el que apunta que las artes escénicas son un servicio a los usuarios, y no una producción para meros consumidores.

Existe consenso entre los especialistas en la necesidad de introducir mayores criterios de racionalidad –vía construcción de indicadores- a la gestión de las artes escénicas, pero, frente a la influencia de las acciones de los Estados en el funcionamiento del sector cultural, los resultados siguen siendo contradictorios.

Tres parecen ser las preguntas dominantes desde las cuales poder construir una respuesta plausible sobre las posibilidades de evaluar los efectos de las intervenciones públicas y su contribución a mejorar la racionalidad instrumental de la implementación de las políticas culturales en el sector de las artes escénicas


III. Tres cuestiones disputadas.

a. ¿Cómo evaluar?
La primera de estas preguntas alude a la duda sobre el momento más conveniente para que se haga esa medición, pues no es el mismo resultado el que entrega una compañía emergente con actores recién saliendo del amaturismo que gana un concurso público para montar a la postre la que se convertirá en su opera prima, que una consagrada agrupación que recibe fondos para llevar su éxito de la temporada a una serie de presentaciones en el extranjero. Otra cosa es qué pedirle a las compañías. Veamos el caso de Francia.

Xavier DUPUIS, de la Universidad de Dauphine, Francia, se ha detenido a explicar como su país pasó del apoyo incondicional del Estado las artes y la cultura, a una política de apoyo selectivo, dependiente de evaluaciones periódicas, rendición de cuentas y exhibición de resultados.

Evidentemente el Ministerio de Cultura sigue siendo importante, pero ya no es el que más aportes de recursos hace a la cultura. En la actualidad, esa posición predominante (cercana al 80 por ciento) la ocupan las empresas, las propias comunidades y las personas. El Estado francés ya no es operador directo de actividades culturales, sólo algunos municipios grandes tienen funcionarios dedicados al sector cultural. La implantación de este nuevo trato en el sistema francés desde mediados de los ochenta, provocó consecuencias en los montos de los subsidios públicos y en la producción teatral. Actualmente, acota DUPUIS, gran parte de los espectáculos en Francia se dan sólo una vez, se apoya más la creación que la reproducción.

Las organizaciones culturales interesadas en recibir aportes del Estado, deben firmar un “contrato de rendimiento” con el Ministerio de Cultura, acuerdo en que deben quedar claramente consignados la cantidad de obras que se presentaran, el compromiso de que los creadores de las mismas serán autores contemporáneos franceses; la distribución de los ingresos y los gastos; la cantidad de días que trabajara la compañía; la cantidad de público que asistió a las representaciones anteriores y, una detallada explicación de las acciones pedagógicas que la compañía dedicara a los niños y los jóvenes.

En Estados Unidos se les pide a las compañías que debatan internamente que es lo que están tratando de hacer, que expliquen con que indicadores trabajan y cómo podrían ellas mismas ayudar a generarlos.


b. ¿Qué evaluar?
Es a la segunda de esas cuestiones a la que SCHARGORODSKY se ha detenido a explicar, comentando como en Argentina, por ejemplo, cualquier grupo de actores con un espacio disponible, independiente de su experiencia, pueden encontrar fondos de apoyo disponibles desde el sector público. Es cierto que las cantidades no son cuantiosas, pero sirven para cubrir gastos menores y darle cierta viabilidad a los proyectos. Sólo se evalúa que el proyecto se realice, ¿Cuál es entonces el objetivo de las políticas culturales del Estado? ¿Qué pasaría si las exigencias a las compañías fueran mayores, a cambio de ese apoyo? ¿Qué ocurriría si el Estado exigiera calidad artística, cómo la definiría? , ¿Quién lo haría?, ¿Es acaso necesario que el Estado avance en esta dirección?

La experiencia nos muestra que el Estado ya no es el generoso mecenas de ayer. Como hemos dicho, la gente y los políticos están dispuestos a apoyar la labor del Estado en cultura, pero las organizaciones culturales deben acostumbrarse si es que quieren recibir subsidios públicos, a que se les pida que justifiquen detalladamente sus gastos. Deberán probar que ese dinero obtenido de los impuestos de todos los contribuyentes es un recurso bien invertido.

Que los Estados van cambiando sus posturas sobre las responsabilidades que tienen en materias de financiamiento de la cultura y las artes, es algo bastante evidente. Recuerdo aquí una intervención que le oí hace unos años a Catherine Tasca, es ministra de Comunicación y Cultura de Francia (1988-1991), quien señalaba que los reyes franceses fueron tradicionalmente grandes mecenas y protectores de las artes. Sin embargo, la República no ha sido igualmente generosa .

Predominan en Francia las tendencias favorables a una contracción de los aportes estatales a las artes. “Hay un cambio en Francia, decía Tasca, ya que el financiamiento de la cultura con fondos públicos es criticado fuertemente; el giro que se ha estado haciendo no deja de ser inquietante”. Ella cree que el financiamiento público es la espina dorsal de una política cultural y que si bien son positivos, los aportes privados debieran estar orientados por las políticas culturales públicas.

c. ¿Para qué evaluar?
La tercera de nuestras cuestiones era ¿para qué evaluar? Esa es una reflexión no sólo sobre los fines intrínsecos de la evaluación de las políticas públicas, sino más bien una consideración oportuna del thelos de toda la acción cultural de la sociedad considerada como conjunto. ¿Puede la política cultural del Estado mejorar los contenidos de las artes? Tal como se lo ha preguntado Michael RUSHTON: ¿puede el Estado crear a Shakespeare?

La respuesta parece bastante evidente, como también lo es el cauto reconocimiento de que los gobiernos deben ser muy modestos y prudentes con sus expectativas de desarrollar las artes.

No es imposible imaginar que a veces, sea el propio Estado el que no tenga mayor interés en evaluar que impacto tiene su asignación de recursos, directa o indirectamente, sobre el sector de las artes escénicas.

Podría ocurrir, como apunta Lluis BONET, de la Universidad de Barcelona, que esa calificación demuestre que quizá lo más conveniente es que el Estado deba retirarse del financiamiento de las artes. Considérese nada más al recurrente problema que evidencian, en la mayoría de nuestras naciones la asignación de fondos por la vía de concursos a los ministerios de cultura u otros órganos equivalentes. “Los fondos concursables suelen presentar varios defectos, ha argumentado el académico hispano, pues en cada país asumen formas distintas que no están exentas de problemas, especialmente con la conformación de los jurados y en los formularios utilizados”.

La ausencia de institucionalidad en la mayoría de las compañías teatrales es un problema adicional. Lo común es que los artistas se junten coyunturalmente para postular a los fondos disponibles, eso hace difícil que se trabaje con cierta rigurosidad.

Ciertamente no es un tema fácil. Independiente de la riqueza de un país, no está garantizado el éxito en las políticas de financiamiento del arte. BONET ha dicho que los análisis científicos sobre la eficiencia de las políticas culturales no suelen ser de interés para las administraciones, pues muchas veces apuntan a señalar los defectos y clientelismos de las gobiernos, los que suelen entregar sus aportes al arte y la cultura, mas por criterios políticos que artísticos.

Lo cierto es que lo métodos elegidos por los gobiernos influyen en lo que harán las organizaciones artísticas; si promueven la creatividad, los creadores producirán. La economía de la cultura ha demostrado que la gente reacciona a incentivos, por ello es necesario que las señales a las compañías sean fuertes y claras: la financiación pública debe ser para beneficio del público. Las organizaciones artísticas deben dejar de creer que los recursos que reciben del Estado son para ellos, pues cuando el Estado entrega subsidios al teatro es por que cree que ese arte beneficiará a las audiencias.

Las organizaciones culturales, entre ellas las de las artes escénicas por cierto, deberán ir acostumbrándose a tener que aportar evidencias de desempeño debidamente evaluadas a cambio del acceso a fondos provenientes de los impuestos y tributos que pagan al estado los ciudadanos.

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