Centros Culturales Públicos




Centros Culturales Públicos, Institucionalidad y Gobierno Municipal
Modelos y Desarrollo de Redes Culturales Locales


por Cristián Antoine.

Primera cuestión involucrada. No hay mucho que comparar.
Quisiera partir con una primera consideración, si de políticas públicas se trata, un buen gobierno al servicio de los ciudadanos no solo implica la capacidad de resolver los problemas, sino que también supone conseguir una administración más transparente y más comprensible; una administración más participativa, más involucrante.
Elegir a los Estados Unidos como referente para “comparar” sus políticas culturales con las nuestras, supone riesgos que, sin embargo, debemos estar dispuestos a asumir en la tarea de impulsar una mejor comprensión entre los ciudadanos, en su condición de audiencias y agentes culturales, de su rol en la formulación de las políticas culturales.
El ámbito más significativo del análisis de políticas, a ojos del ciudadano, es aquel que las lleva al nivel de la vida cotidiana de las personas. Hemos de estar concientes que para los ciudadanos, como 'clientes' de las prestaciones públicas de bienes y servicios, la dimensión que consideran más relevante de la actuación gubernamental estriba en aquella frontera final en que estas mismas prestaciones se refieren a problemas concretos que los aquejan.
Por tanto, el instrumento mas adecuado de la evaluación de las políticas es aquel que contribuye a la valoración de las prestaciones cotidianas de servicios a las personas.
Las políticas públicas son elementos institucionalizados del sistema político, ellas tratan los elementos más visibles, cotidianos y familiares del sistema político para los ciudadanos (Ballart, 2005). Normalmente implican algunas cosas más que una sola decisión. Hay que decidir que existe un problema; decidir qué ha de interesar su solución; decidir la mejor manera de proceder, decidir legislar sobre el tema, etc.
Como ha escrito la especialista española Mónica Gelambi, este mayor énfasis en la acción produce la correlación de que más y mejores técnicas necesitan más y mejores políticas (Gelambi, 1999). Hemos de tener en cuenta que una ética al servicio de los ciudadanos no solo implica la capacidad de resolver los problemas, sino que también implica conseguir una administración que llegue a involucrar verdaderamente a las personas en la resolución de los mismos. Y aquí surge de inmediato el problema de la conveniencia de elegir a los Estados Unidos como referente para “comparar”, con las nuestras, sus políticas públicas de promoción, participación y acceso a la cultura.
Ello pues, como hemos tenido ocasión de escuchar esta mañana en la intervención de Denisse Regh (Regh, 2009), mantener al Estado alejado de la cultura es el más importante principio de las políticas culturales del pueblo norteamericano, pues se aspira allí a que sean las personas las que resuelvan sus problemas. La especialista norteamericana nos ha ilustrado sobre el empeño que los estadounidenses ponen para evitar el desarrollo de sistemas o procesos que contemplen cualquier posibilidad del control gubernamental sobre la libertad de expresión, y, por extensión, sobre la cultura y las artes. El “sector cultural” no tiene una secretaría o un aparato público similar; no tienen ninguna oficina o ministerio nacional de los artes o la cultura. Podría creerse, entonces, que en los Estados Unidos no existe un “desarrollo cultural”. Ello no es así pues la cultura y las artes bullen de actividad. Sus museos y galerías están entre los mejor dotados y más concurridos del orbe; sus industrias creativas dominan la escena mundial y sus ciudadanos fomentan las artes y las viven con fruición.
Aunque el gobierno federal y los estados de la Unión contribuyen tan sólo con una fracción de los recursos necesarios, (5 al 10% de lo recursos disponible (Antoine, 2007b), la política cultural más relevante en Estados Unidos es la legislación tributaria que permite a cada contribuyente decidir dónde quiere que vaya un porcentaje de los impuestos que debe pagar. Muchas de las organizaciones que reciben estos aportes del sector privado, empresas y personas, son organizaciones culturales y artísticas (Bodo, 2004).
Las instituciones culturales en el país del Norte, cualquiera sea su tamaño o nivel de complejidad, han debido desarrollar distintas estrategias para la administración y recaudación de fondos, debiendo profesionalizar sus mecanismos de gestión de recursos. Para ellas resulta imprescindible conocer a sus audiencias, saber qué necesita el ciudadano en materia de servicios culturales, estar atentas a sus necesidades y generar mecanismos de “escucha” para captar sus preferencias.
Además, si quieren recibir fondos públicos, que existen y están disponibles, deben ser capaces de demostrar que producen más externalidades que “el simple goce de los bienes del espíritu” (Antoine, 2007c). Ello, porque los aportes económicos al sector se toman en base a estudios sobre el impacto económico de la cultura sobre los demás sectores, como el empleo, por ejemplo, o la generación de turistas. La eficacia de su gestión cultural parece depender más del modelo de asignación de recursos que de otras variables más “artísticas”.
Por el contrario, en la gestión cultural latinoamericana, especialmente la que proviene desde el sector público y se financia con el esfuerzo de los tributos de los ciudadanos, no es usual vincular criterios de eficacia con la generación de políticas culturales que presten servicios concretos a las personas.

En América Latina, el sector de las organizaciones culturales que recibe fuertes subsidios por parte del Estado y los organismos de administración territorial que corresponden (Albornoz, 2005), salvo excepciones, tienen muy bajos niveles de profesionalización de sus agentes y gestores culturales (Colombres, 2008; Martinell Sempere, 2002); no desarrollan mecanismos que involucren a las comunidades en la satisfacción de sus propias necesidades culturales; no vinculan su quehacer con la consecución de objetivos sociales como el empleo juvenil y la educación de las nuevas generaciones, entre otras realidades.

Segunda cuestión involucrada: Los centros culturales como espacios de democratización.
Denisse Regh ha sostenido que sería extraño ver en los Estados Unidos al gobierno federal levantando centros culturales por todo el país. En el caso nuestro, lo extraño sería que no lo hiciera.
Parece existir bastante consenso en que hay una necesidad insatisfecha en el país por más y mejores instalaciones culturales. (Antoine, 2005b) También la hay en torno al activo rol que el Estado asume en materias de arte y cultura (Antoine, 2009).
“La participación ciudadana es parte esencial de un sistema democrático, ha escrito recientemente Loreto Bravo: “Una tarea ineludible de la Democracia es la de impulsar y fortalecer procesos y herramientas que contribuyan a que los derechos y deberes de las personas sean plenamente reconocidos y ejercidos y se produzca un verdadero intercambio entre ciudadanos y ciudadanas, el Estado y sus poderes. Las demandas y las propuestas ciudadanas requieren de la construcción de espacios, instrumentos y procedimientos mediante los cuales ciudadanos y ciudadanas puedan expresarse sobre lo que directamente les afecta, y tengan algo que decir en relación a las decisiones que las instancias administrativas adoptan y a los modos que utilizan para ello”(Bravo, 2007).
En efecto, se asume que la participación ciudadana es, para nuestra política cultural, también un imperativo del reconocimiento y ejercicio de los derechos culturales. En este contexto, los espacios para la cultura y las artes pueden ser definidos, interrogados y proyectados como instrumentos que favorecen u obstaculizan la participación ciudadana, e incluso la propia construcción de ciudadanía cultural (Bravo, 2007). Y nos referimos aquí a espacios culturales en un sentido amplio que incluye su expresión territorial, arquitectónica, las redes de gestión y de difusión artística, el uso y la apropiación de territorios e inmuebles que tienen significado para una comunidad en particular, los medios de comunicación como ámbitos de creación, divulgación y homogenización de sentidos estéticos, entre otros.
Reitero aquí una idea que he tenido ocasión de desarrollar: las políticas culturales en los últimos años en Chile han estado marcadas por un esfuerzo que puede denominarse de “democratización de la cultura” (Albornoz, 2005; Botelho, 2007; Caune, 2006).
Desde el término de la administración militar en 1990 y durante la sucesión de cuatro gobiernos democráticos encabezados por la coalición política de centro izquierda que derrotó a Pinochet en las urnas y que ha mantenido el gobierno; en materia de políticas culturales, uno sus acentos claves ha sido puesto en la creación de nuevas audiencias y en la ampliación del consumo cultural de los chilenos (Antoine, 2009).
Este “compromiso” ha tenido, a su vez, dos dimensiones: la primera; marcada en sus comienzos por el interés de eliminar los residuos más destacados de lo que fue la política cultural del gobierno militar; la segunda, más cercana al tiempo presente, que intenta responder a la naturaleza de un proceso de democratización política en el campo de la cultura.
Ha sido una causa larga, y, en algunos aspectos, fecunda. Los logros y proyecciones de la acción cultural pública con que se inició la última década del siglo XX, culminaron en el 2005 con la creación del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura (Bar, 2006; Squella, 2006). Muchas de las políticas culturales más importantes han correspondido a cuestiones institucionales, legislativas y de financiamiento; en todo caso, es posible discernir tres ejes dominantes: primero, el establecimiento de instancias específicas para el desarrollo de la política cultural del Estado y de fuentes de recursos para la actividad cultural, es decir, el financiamiento de la cultura; segundo, el apoyo a la actividad cultural y el fomento de la creación y las artes y las industrias culturales y; tercero, la democratización de la cultura, a través de la masificación del acceso a los bienes culturales.
Nos parece que este último eje el gobierno chileno lo ha ido asumiendo como justificación para el desarrollo y enunciación de sus políticas públicas en cultura. Así, el propósito de estimular la creación de nuevos públicos y audiencias para las artes (Antoine, 2007a), ha pasado a ser un aspecto prioritario en la formulación de las políticas culturales en Chile hoy. Los centros culturales (Gestión Cultural Local, 2006; Ottone, 2008) públicos son la plataforma para esa acción. Pero no sabemos mucho de ellos (Bianco Dubini, 2006). Excepto que en muchas naciones están en problemas.
En la encrucijada entre lo cultural y lo político, el arquetipo de las Casas de la Cultura (Maisons de la Culture) constituye un verdadero plato fuerte en el desarrollo de las políticas de democratización cultural tanto en Francia como en los países culturalmente afines a ella a partir de los años sesenta (Antoine, 2005b). Su misión, en palabras de André Malraux, era “constituir un lugar cuyo objetivo es transformar un privilegio en un bien común… ofreciendo a cada cual la tentación de la cultura, excluyendo la especialización” (Caune, 2005).
Cuando este intelectual fue nombrado, en el año 1959, Ministro de Asuntos Culturales de Francia, hizo pública su intención de que, en tan sólo tres años, cada uno de los 95 departamentos tuviera su propia Casa de la Cultura, constituyendo de este modo la estrategia central de su política de descentralización y democratización de la cultura. En el año 1961 se inaugura la primera de ellas, en Le Havre, y lo cierto es que, cuando en el año 1969 Malraux abandona el ministerio, sólo existían siete unidades en pleno funcionamiento (Ruby, 2005).
A finales de los años setenta comenzó el declive de las Casas de la Cultura como modelo de intervención, dando paso a los Centros de Acción Cultural y las Casas de Barrio (Maisons de Cartier).
En 1994, Jean Marc Bouge efectúa la siguiente lectura crítica del fenómeno: “Las llamadas Casas de la Cultura fueron el primer escaparate del ministerio, con la obligación de justificar su existencia. Nadie tenía la más mínima idea sobre a qué cosa debían parecerse las Casas de la Cultura. El ministerio, por lo tanto, se apoyó en lo que ya existía en el territorio en materia de iniciativas culturales, es decir, los grupos de teatro y sus lugares de representación. Los responsables del ministerio se sentían satisfechos de contar con ‘aliados’ a quienes su ‘paquete-regalo’ podía resultarles interesante, y los actores de las poblaciones francesas encontraron la oportunidad de financiar un teatro y una compañía con la denominación de Casa de la Cultura”(Antoine, 2005b).

Lamentablemente, nuestras propias capacidades de análisis sobre los equipamientos culturales y su capacidad de democratizar la cultura deja aún que desear. No tenemos mucha experiencia acumulada en lo tocante a la generación de sistemas de información, mapas y censos territoriales de infraestructuras. No sabemos cómo ni en qué medida la existencia de estas instalaciones culturales contribuye a la extensión de los bienes culturales entre la población. En esto sí estamos en deuda con la cultura .
Lo poco que sabemos es que, en la mayoría de los países desarrollados, las Casas de Cultura vinculadas administrativamente con el gobierno central, regional o local, carecen de una filosofía propia (Schmidt-Welle, 2005); se están externalizando (Colomer, 2007; Farre, 2007) o se están cerrando pues han quedado desplazadas en las preferencias del público por el modo de acceder el circuito cultural que muestran las nuevas audiencias. (Bisbal, 2001)

Tercera cuestión involucrada: La municipalidad y su capacidad de gestionar redes culturales
Como se sabe, diseñar una política pública requiere un conocimiento cabal del escenario donde, a la postre, se ejecutará. Para esto, es necesaria la expresa voluntad de las autoridades de trasladar la creación de la política al territorio, para generar, desde un contexto propio, los lineamientos que se han de seguir en cada lugar (García Albarido Guemes, 2006).
Se la reconoce a la municipalidad ser, precisamente, aquella parte del Estado que, por estar más cerca de la población, es capaz de trabajar directamente con los sectores excluidos, promover la identidad y el patrimonio local, e incrementar los niveles de participación ciudadana en la mayoría de los ámbitos.
Andrés García Albarido (2006), sociólogo que integra el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y que participó hace unos años en la realización de uno de los más completos estudios hechos en el país sobre gestión cultural municipal (De la Cultura y las Artes, 2006), ha escrito recientemente que la consolidación de la institucionalidad cultural debe considerar la administración local de dos maneras: como ejecutores privilegiados de las iniciativas públicas en cultura y como fuente de información clave para la toma de decisiones. Pero además, para que la formulación de objetivos esté en concordancia con las demandas existentes y los posibles beneficiarios, es conveniente entregar a los actores locales espacios de participación en la institucionalidad cultural, más allá de lo formal.
Afortunadamente, esta conciencia de lo local se difunde cada vez más en la cultura organizacional de la administración y planificación del Estado, a modo de una legítima demanda de participación en los espacios de decisión (ib.supra).
La imposición centralista de políticas públicas, programas y proyectos, cada vez tienen menos cabida donde no hay una validación y sanción positiva por parte de autoridades y actores locales. Los esfuerzos que el Consejo de la Cultura ha desarrollado en procura de una más efectiva descentralización, si bien son valiosos, parecen aún insuficientes.
Las competencias municipales en materias de gestión cultural aún son pocas y están poco desarrolladas normativamente. No están establecidos los marcos ni sistemas específicos de financiamiento; hay poca cultura de la colaboración y del asociacionismo y, sin embargo, los municipios asumen cada vez más competencias, desarrollan programas y sostienen servicios culturales (Font, 2000).
Aunque se podría retrotraer hasta la administración militar del país, a mediados de los setenta, el inicio de una política de descentralización cultural, expresada en el fomento al desarrollo de organismos autónomos con nexos débiles con el aparato estatal, ya sea bajo la forma de Corporaciones Culturales Municipales o nuevas Instituciones de Educación Superior en regiones a partir del desmembramiento de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado (Henríquez Moya, 2004), lo cierto es que los estímulos a la descentralización, a través de la creación de Consejos Regionales de Arte y Cultura, son más bien fruto de las iniciativas que en tal sentido plantearon desde los noventa los gobiernos democráticos. De esos años provienen iniciativas como la discriminación positiva para proyectos regionales en Fondart; el reordenamiento de la administración de museos y bibliotecas regionales; la creación del Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Regionales en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, entre otras.
Es en este contexto que se debe situar el programa actual destinado a contar con al menos un centro cultural en las comunas de más de 50 mil habitantes y nuevos convenios de programación que permitan la implementación de Planes Regionales de Infraestructura Cultural en las comunas más pequeñas (Urrutia, 2007). Seguramente los restantes integrantes de esta mesa se referirán a ello con más detalle.
Pero el diagnóstico sigue siendo preocupante.
En términos generales, se puede apreciar que la Municipalidad, como institución, no ha sido capaz de generar modelos teóricos que sean capaces de orientar su acción ni estrategias adecuadas que les permitan introducir criterios más específicos de administración y gestión de la cultura, ni menos concebir su acción como la oferta de un servicio a la comunidad (Antoine, 2005a).
Para el caso chileno, el asunto es particularmente serio, pues recientes informes sobre el área han puesto de relieve el cúmulo de tareas pendientes para las Municipalidades del país en el ámbito cultural. En efecto, aunque la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece como una de las funciones prioritarias de los municipios el desarrollo del ámbito cultural de sus comunidades, la realidad muestra que, en general, la vida cultural no es considerada como una superestructura de desarrollo, sino más bien como una función compartida entre varios órganos municipales con distinta especialización.
Esta falta de mayor consideración por lo cultural contrasta significativamente con lo que la propia Constitución Política chilena (1980) establece taxativamente al señalar que “La administración superior de cada región radicará en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región” (Art.100, inciso 2º) y que “las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna” (Art. 107, inciso 2º).
De acuerdo con estas dos disposiciones, la Constitución Política consagra explícitamente el deber de promover el desarrollo cultural y radica esta función en los gobiernos regionales y en las municipalidades. Establece que el gobierno regional tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región y que las municipalidades deberán satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural(Carreño Nigro, 1995).
Este planteamiento se extiende también a la administración comunal, en lo que a las municipalidades compete, particularmente a través de la formulación, aprobación y ejecución del plan de desarrollo comunal.
Para la incorporación de estas facultades en la práctica administrativa y política de cada una de estas instancias, es fundamental profundizar el proceso de descentralización. La multiplicación y diversificación de los requerimientos sociales, así como también las particularidades de cada realidad regional y local, hacen que los preceptos constitucionales, se correspondan con el mandato de que la Administración del Estado “será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la Ley”. No obstante, la descentralización puede ser apreciada en toda su dimensión, cuando se ejercen efectivamente las competencias traspasadas.
Una interpretación armónica de la Constitución Política permite concluir que la finalidad de Bien Común del Estado debe incorporar la promoción del desarrollo cultural, en el nivel nacional, regional y local, y, de esta forma, contribuir a la mayor realización espiritual y material posible de los integrantes de la comunidad nacional.
Cabe agregar que la adopción de este planteamiento permite orientar la actuación del estado hacia la obtención del Bien Común, al tiempo que se alcanzan objetivos fundamentales, como son el fortalecimiento de la democracia, la descentralización y la participación. Esto último, representa un avance necesario y sustancial en la formulación, enfoque y proyección de una Política Pública de la Cultura.
El papel de los municipios con la llegada de la Democracia, a comienzos de la década del 90´, no tuvo alteraciones significativas, manteniendo los mismos privilegios antes concebidos; convirtiéndose en un órgano con una autonomía para tomar decisiones trascendentales en los temas que atañen a sus ciudadanos. La eliminación de la censura cinematográfica, el rescate de los espacios públicos para la cultura, las fiestas y carnavales culturales, junto a los procesos de reflexión que han orientado el debate a la conformación de una nueva institucionalidad de la acción pública sobre la cultura en el país parecen haber contribuido positivamente a la generación de un clima más propicio para la acción de las municipalidades en este ámbito del quehacer humano.
Existe un extendido consenso en que las municipalidades son el organismo público más cercano a la gente y que, en materias de cultura, tienen una obligación ineludible en el apoyo, coordinación y auspicio de iniciativas que tengan como destinatarios finales a los ciudadanos.
Pero menos de la mitad de los municipios en Chile cuentan con dependencias exclusivas para la cultura, ya sea bajo la forma de departamentos, unidades, oficinas o secciones. El resto de los ayuntamientos destina a otros departamentos esa función, lo que se traduce en la práctica que el sector no posee una capacidad de gestión específica.
Chile tiene 341 municipios distribuidos a lo largo del territorio nacional. Aunque sin obligatoriedad legal, las corporaciones se encuentran agrupadas en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), un organismo colegiado que procura velar por intereses comunes a todas ellas y que fuera creado en 1993 (Antoine, 2004).
La ACHM ha mostrado cierta preocupación por desarrollar pautas generales para una gestión eficiente de las municipalidades en el ámbito cultural. Le interesa generar métodos de trabajo eficientes para y por la ciudadanía. También elaborar un plan para preservar y desarrollar los valores culturales nacionales y, por último, transferir experiencias positivas en el tema cultura como las vividas por los municipios de Santiago, Las Condes, Ñuñoa o Providencia, a las comunas de bajos ingresos que por falta de capacidad o de recursos realizan ínfimas actividades, o nada, en dicho plano. Ha creado asimismo una Comisión de Trabajo sobre el tema y declarado su deseo de desarrollar seminarios de capacitación y estudios, sin embargo, poco se ha avanzado en este ámbito.
A la Asociación le interesa estimular las prácticas culturales en las diferentes municipalidades del país, pero ha advertido la existencia de una serie de falencias medulares que afectan al plano cultural de la vida de los municipios chilenos .
El principal factor en contra es que menos del 1% de los presupuestos municipales, salvo excepciones, son destinados a las actividades culturales. Más allá de las limitaciones económicas, la agrupación señala que sólo el 27,5% de los ayuntamientos tienen Dirección o Departamento de Cultura. Tan sólo el 19% de ellos cuentan con casas o lugares para promocionar las actividades de tipo cultural.
Coincidentemente, un reciente informe elaborado por el Área de Descentralización de la División de Cultura del Ministerio de Educación, pretendió describir e identificar las estructuras administrativas, profesionales y financieras que permitirían cumplir a los ayuntamientos del país las responsabilidades que la propia Constitución y la ley les asignan en el plano cultural.
El estudio del CNCA del 2006 demostró que tan sólo un 64% de los municipios cuenta con Casas de Cultura, un 21% dispone de Corporaciones Culturales Municipales y 15% ha encargado la cultura a una Corporación Municipal de Desarrollo. Al frente de ellas, sólo el 46% de los funcionarios son profesionales.
La mayoría de las dependencias culturales no posee claridad respecto a las funciones que deben cumplir como administradores de la gestión cultural local, limitándose, por lo general, a la extensión y difusión de actividades; dejando fuera un sinnúmero de aspectos que actualmente son fundamentales, como la formación, la creación y la cooperación, entre otras. Por otra parte, existen alcaldes que todavía consideran el área cultural como una instancia a su servicio, y la gestionan desde sus intereses personales. El estudio del Consejo chileno puso de relieve la inexistencia de una política global para la acción municipal sobre el sector, lo que reduce la presencia del municipio al desarrollo de tareas específicas, sin relevancia y sin claridad macro respecto del tema. Situación similar es la que afecta a la capacidad edilicia de poder evaluar la eficacia de las acciones que promueve, dejando en un limbo la capacidad administrativa para cotejar el avance de los programas y proyectos que ejecuta.

Al concluir…Como hemos tenido ocasión de apreciar durante la realización de este seminario, la asociatividad cultural y la creación de redes culturales comunitarias, de alta dinámica y participación, son factores decisivos para el desarrollo local y la democratización de la cultura. Sin embargo, la importancia de las redes no se limita a un objetivo de democratización, contrapeso civil al poder político, o gestión de recursos privados.
Nuestras diferencias con la experiencia norteamericana son enormes, pero ello no debe amilanarnos. Es posible inferir algunas ideas que se podrían discutir en aras a mejorar la capacidad de gestión cultural de las municipalidades.
Entre ellas, la necesidad de que las instituciones culturales, cualquiera sea su tamaño o nivel de complejidad, avancen en la profesionalización de las estrategias para la administración y recaudación de fondos; que esas mismas organizaciones se esfuercen en conocer a sus audiencias generando mecanismos de “escucha” para captar sus preferencias y necesidades.
En los momentos en que el país invierte recursos en la habilitación y construcción de numerosos espacios para la cultura y las artes, estas consideraciones resultan entonces de la mayor urgencia. No se trata de un problema de falta de infraestructura solamente, sino de un problema de falta de capacidad de gestión cultural.
“La implementación de una política o proyecto por parte de una institución cultural supone a priori una reflexión que considere la aprehensión específica de la población con la que se pretende trabajar, en sus aspectos sociológicos y territoriales. Sólo después de ello se pueden definir las categorías de públicos” (Silva, 2006).
Otro asunto es observar la conveniencia de que el Estado actúe propositivamente en este campo, impulsando la construcción de infraestructuras allí donde no las hay, solo considerando un criterio demográfico. ¿Sabemos fehacientemente que allí donde hoy se levantan estos centros culturales existe la demanda de los mismos por parte de la población? ¿Es que acaso será cierto que no hay “consumo cultural” porque no existen “instalaciones culturales”? ¿Es posible deducir que por existir un espacio para ello, va a aumentar el consumo por parte de las audiencias? ¿Sabemos si los municipios tendrán la capacidad de gestionarlos?
Otras preguntas continúan aún vigentes esperando respuesta: ¿Qué será de ellos en 2 años, en 5 años, en 10 años? ¿Qué actividades se realizarán allí? ¿Cómo se sustentarán? ¿Quienes los gestionarán? ¿Cómo lograremos que la política no interfiera con sus manejos? Nuestros centros culturales jamás pueden transformarse en espacios estériles usados para fines ajenos a las artes y la cultura. Jamás pueden transformarse en elefantes blancos (Rendic, 2008).
Es cierto que se ha editado un “manual” que se espera ayude a las organizaciones locales a gestionar sus centros culturales (CNCA, 2009), pero la fragilidad inmanente de los mismos no podrá ser resuelta ni con el mayor refuerzo bibliográfico disponible.
¿No hay acaso un tentación dirigista en ello? Una incitación homogeneizadora (Baeza, 2006) que proyecta, desde Santiago hacia la periferia, una visión particular de lo que se debe hacer, cuándo se debe y cómo se debe hacer en materias de infraestructura cultural en el resto del país.
He aquí una de las diferencias más significativas con el modelo norteamericano. Y tal vez la más irremontable.
Debemos avanzar para que los espacios para la cultura y las artes puedan ser concebidos efectivamente como instrumentos que favorezcan la participación ciudadana, y la construcción de “ciudadanía cultural” (Babul, 2005).
Se trata más bien de pensarlos como “espacios culturales” en un sentido amplio que va más allá de su expresión arquitectónica, pues incluye las redes de gestión y de difusión artística, el uso y la apropiación de territorios e inmuebles que tienen significado para una comunidad y un trabajo mancomunado con los medios de comunicación, entre otros agentes culturales.
Pero para ello necesitamos algunas cosas. Los estudios han comprobado (García Albarido Guemes, 2006), que diversos aspectos importantes de la gestión cultural de un municipio —tales como la utilización de espacios públicos, la gestión de recursos extramunicipales, la extensión y difusión cultural, el registro de la oferta cultural de la comuna y su diversidad en términos de disciplinas artísticas, la cobertura por tramo etáreo e, incluso, el desarrollo de estrategias diferenciadas según el territorio— están relacionados con la existencia de redes comunitarias amplias y dinámicas, y en general estas redes son más frecuentes en los municipios donde existe una capacidad técnica y experiencia mayor.
No hacemos mucho por favorecer la existencia de estas redes.
Otro de los aspectos a considerar entre las claves para el buen éxito de las políticas culturales municipales, sus infraestructuras y su capacidad de activar redes en tal sentido, parece ser el contar con un adecuado consenso político entre los actores involucrados en el gobierno comunal, quienes deberían promover ciertos acuerdos básicos para la definición y posterior aplicación de estas decisiones. Entre ellas, destaco la necesidad de avanzar en la conformación de un marco jurídico específico para las políticas culturales municipales; una más exhaustiva definición de las competencias y los recursos y una promoción más activa del principio de subsidiaridad.
Pocas de nuestras municipalidades han sido capaces de formalizar sus políticas culturales. Muchas menos son las que las evalúan. Sin evaluación de las políticas es imposible saber si lo estamos haciendo bien; si lo que hacemos le sirve a las personas.
Mención aparte merece la necesidad de que las municipalidades asuman una cultura de servicio. O mejor, que asuman una concepción más certera de lo que debieran ser en realidad los servicios culturales municipales. Es cierto que no todos los especialistas están de acuerdo en su concepción (Altuna, 1999; Gonzalez Leandri, 1989); pero me interpreta mejor la idea de Toni Puig que concibe a los servicios culturales municipales como una necesidad y un reto ciudadano sobre los que hay que dejar de soñar para empezar a actuar. (Puig, 2005). Para ello, encuentros como éste son una gran ayuda.

Intervención en
III Seminario de Políticas Culturales Comparadas Chile – Estados Unidos
Redes Culturales: Modelos, Implementación y Desafíos
Aula Magna Eleodoro Matte, Centro de Extensión UC.
16 y 17 de junio de 2009
Centros Culturales Públicos, Institucionalidad y Gobierno Municipal
Modelos y Desarrollo de Redes Culturales Locales

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