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El titulo parece casi una sopa de letras, pero alude a la verdadera sopa de cartas que a la sección editorial de El Mercurio vienen remitiendo desde hace unas semanas sendos personeros del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y el Consejo Nacional de Televisión, apropósito de las asignaciones presupuestarias de ambas reparticiones.


Por una parte, el CNCA es un organismo de todavía reciente conformación (2003) cuya misión principal es implementar las políticas públicas para el desarrollo cultural, con la misión de promover un desarrollo cultural armónico pluralista y equitativo. Su presidente tiene rango de Ministro de Estado y acude a La Moneda como uno más de los titulares de carteras ministeriales.

Si bien no cuenta aún con mecanismos certeros de evaluación de sus actividades, el CNCA goza de amplio reconocimiento entre las comunidades artísticas y se ha constituido en el legítimo órgano de expresión del Estado en materias de cultura, aunque comparte responsabilidades en ese ámbito con algunas otras reparticiones de gobierno.

Mientras El Consejo Nacional de Televisión es un órgano constitucional autónomo. Fue creado y configurado por la Constitución de 1980 en sus elementos esenciales y su misión es velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión. En el pasado su figura ha estado expuesta a ciertos cuestionamientos, especialmente por su real capacidad de asegurar un “correcto funcionamiento” del sector que supervigila.

¿Qué es lo que se reclama?

Por la forma como están dadas las normas legales actuales, el CNCA transfiere anualmente varios miles de millones de pesos al CNTV para el desarrollo de actividades en torno a disponer de una mayor oferta cultural en la programación televisiva. El CNTV, actuando de acuerdo a las leyes, opera esos recursos con total autonomía y dispone de ellos como su patrimonio, sin consultar a nadie.

Sólo así se entiende la pregunta que el Ministro Luciano Cruz Coke, actual titular del CNCA se formulaba en la asamblea anual de la repartición celebrada en Puerto Montt hace unos meses atrás: “¿De qué institucionalidad cultural hablamos cuando ella está vedada de voz y de voto de los medios de comunicación masivos, incluso de aquellos de carácter público o de organismos autónomos que proveen de fondos concursables que el mismo servicio, teniendo una de las expertises (sic) más importantes en el Estad para hacer concursos, transfiere paradojalmente para otro concurso?

Es cierto también que uno de los problemas más acuciantes que tiene hoy el CNCA es resolver la heredada política de transferencia de cuantiosos recursos a otras organizaciones culturales y artísticas. Ya es complejo tratándose de organizaciones privadas, sin más vinculo con el Estado que no sea el recibir cientos de millones de pesos una vez al año para el desarrollo de sus actividades (vg Matucana 100, Fundación Violeta Parra, Trienal de Chile, Teatro a Mil, entre otras), como para sumar a ellos los más de tres mil 400 millones de pesos que aporta al Consejo Nacional de Televisión.

El CNCA pide entonces al CNTV tener alguna ingerencia en la forma como se asignan esos recursos. El CNTV reclama, que en virtud de las leyes vigentes, no tienen obligación alguna de hacerlo.

El fondo de la cuestión

Los argumentos legales que se esgrimen por ambas partes terminan en un calculado empate.

Pero lo que esta en discusión es mucho más profundo que las posiciones esgrimidas por los equipos jurídicos de ambas partes. Si desmerecer el obligado sometimiento a que nos imponen las leyes, sería esperable que el debate pasara de lo estrictamente legal a lo político, en el sentido de permitirnos social y académicamente reexaminar las condiciones que en el pasado se formularon para la concreción de las políticas públicas.

Así podríamos tener tal vez ocasión de enfatizar que uno de los objetivos centrales de las políticas culturales en las sociedades modernas, es el fortalecimiento de la diversidad. Ello es concebido como una mediación, un instrumento –no podría ser de otra manera- para que los colectivos humanos, en general, y los individuos, en particular, amplíen sus posibilidades de elección. Ese ámbito, ese campo de acción -y por tanto de elección- que la cultura debe abrir ante los individuos, contribuye a trazar el escenario en el que van a desarrollar sus vidas. Ámbito en el que el individuo podrá seleccionar los elementos que lo dotarán de mayores recursos intelectuales, emocionales, estéticos, creativos.

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2004 del PNUD puede leerse que: “La libertad cultural consiste en ampliar las opciones individuales”. Y más adelante precisa: “El desarrollo humano es el proceso por el cual se amplían las opciones de la gente para que ésta haga y sea lo que valora en la vida”. Y concreta:“la libertad cultural es clave para que las personas puedan vivir de la manera que desean (…) esto requiere ir más allá de las oportunidades sociales, políticas y económicas, puesto que éstas no garantizan la libertad cultural” (Garcia Ferrer, 2005).

Y parte de esa libertad del individuo se manifiesta concretamente con la posibilidad de poder acceder a unos contenidos en la televisión de libre recepción que contribuyan positivamente a incrementar sus recursos intelectuales, emocionales, estéticos, creativos. ¿Que quién tiene más legitimidad para promoverlas desde el Estado parece ser la cuestión?

Ahora es el momento para iniciar un debate que con altura de miras proponga no solo una mejor televisión para los chilenos sino también mayor acceso a la cultura.


He aquí la trascripción completa de las misivas (hasta el momento)

Jueves 06 de Enero de 2011
Fondos concursables del CNTV
Señor Director:

En relación con la discrepancia surgida entre el presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y el ministro de Cultura sobre la autoridad a quien le corresponde discernir los fondos destinados a financiar programas culturales en nuestra televisión, es conveniente recurrir al texto de la Ley 18.838, que crea el mencionado Consejo, para zanjarla y despejar cualquier duda.
Dicha ley establece en la letra b) de su artículo 12, referido a la competencia del CNTV que dentro de sus funciones y atribuciones tendrá la de "promover, financiar o subsidiar la producción, transmisión o difusión de programas de alto nivel cultural o de interés nacional o regional, así calificados por el CNTV. Anualmente, la ley de presupuestos del sector público contemplará los recursos necesarios, de acuerdo con lo establecido en la letra a) del artículo 32 de esta ley". La disposición alude a la forma como se compone el patrimonio del CNTV y dice que estará formado "por los siguientes bienes: los aportes que le asignen las leyes o anualmente la Ley de Presupuestos". De esta manera queda establecido de forma clara e irrefutable cuál es el procedimiento que se debe seguir y que indica que es CNTV quien debe disponer de esos fondos. Actuar de otro modo podría llegar a constituir técnicamente una malversación de caudales públicos.

JORGE DONOSO PACHECO


CARTA 2
Viernes 07 de Enero de 2011
Fondos concursables del CNTV

Señor Director:
En carta de ayer, el integrante del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Jorge Donoso García, basándose en el texto de la Ley 18.838 (Ley del CNTV), busca zanjar una eventual discrepancia entre el presidente del CNTV y el ministro de Cultura acerca de la autoridad a la que corresponde discernir los fondos destinados a financiar programas culturales en nuestra televisión.
Sin embargo, la eventual discrepancia que aduce el señor Donoso está mal planteada, pues lo que el ministro Cruz-Coke ha sostenido, es que el Consejo Nacional de Cultura debe "tener algo que decir" respecto de los fondos del CNTV que financian programas culturales. Dicha pretensión no es antojadiza, encuentra su fundamento en el Art 3 N° 9) de la Ley 19.891, ley posterior a la del CNTV, que mandata al Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA) a "Establecer vínculos de coordinación y colaboración con reparticiones públicas que, sin formar parte del Consejo ni relacionarse directamente con éste, cumplan también funciones en el ámbito de la cultura".
En base a esta normativa el 30 de septiembre de 2010 se firmó un convenio entre el CNTV y el Consejo Nacional de la Cultura, que estableció que ambos organismos elaborarán en conjunto las bases de los fondos para programación cultural, creando para ello un comité cultural con tres miembros técnicos designados por el ministro de Cultura y tres por el presidente del CNTV. Asimismo, la aprobación de dicho Convenio, fundamenta el traspaso íntegro de $3.425.089.000, aporte que es parte del patrimonio del Consejo de la Cultura y que se transfiere al CNTV para solventar las actividades y funcionamiento del Fondo de Apoyo a Programas Culturales de dicha institución, tal como reza el convenio.
Por lo tanto, resulta gravísimo, y contrario a la ley, que un director del CNTV, esboce que la pretensión del ministro de Cultura es no cumplir la ley del organismo público que preside y que pueda ser catalogada técnicamente como una malversación de fondos públicos.

JUAN CARLOS SILVA

Abogado, Asesor Ministro de Cultura

CARTA 3
 (8 de enero 2011)

En relación con la carta del asesor del ministro de Cultura publicada el viernes, señor Juan Carlos Silva, sobre la discrepancia respecto de la autoridad a la que le corresponde asignar los fondos concursables a programas de televisión de alto nivel cultural o de interés regional o cultural, es necesario precisar lo siguiente: 1) dichos fondos están establecidos en la ley del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), la que estipula que ellos deben contemplarse anualmente en la Ley de Presupuestos; 2) la partida en la que se aprueben es un detalle insustancial respecto a la asignación de los mismos; 3) estos fondos, de acuerdo a la misma ley, forman parte del patrimonio del CNTV y se disciernen por este organismo, mediante concurso público, según el procedimiento señalado en la ley; 4) la ley del CNTV en la letra j) del artículo 12 lo faculta para formar comisiones asesoras en materias de televisión, en las que puede dar participación, entre otros, a “organismos y entidades dedicadas a la actividad cultural”; 5) en virtud de esta facultad se creó la comisión asesora a la que alude el señor Silva en su carta.

Jorge Donoso Pacheco



CARTA 4
(9 de enero 2011)

Señor Director:
En relación con la carta del señor Juan Carlos Silva, asesor del ministro de Cultura, quiero hacer las siguientes precisiones:
El objetivo del fondo que administra el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) no sólo es financiar programas culturales. En efecto, dispone el Art. 12, letra b) de la Ley 18.838, que es atribución del CNTV: “Promover, financiar o subsidiar la producción, transmisión o difusión de programas de alto nivel cultural o de interés nacional o regional, así calificados por el Consejo Nacional de televisión para mejorar la calidad de la pantalla. Anualmente, la Ley de Presupuestos del sector público contemplará los recursos necesarios, de acuerdo con lo establecido en la letra a) del artículo 32 de esta ley”.
La Ley 20.408, de presupuesto para el 2010, contempló recursos por $3.425.089.000 para ser transferidos al CNTV, de manera que tanto la transferencia de esos fondos al CNTV como el destino que debe dárseles están expresamente señalados en la ley sin que haya lugar a discrecionalidad alguna.
El CNTV fue creado como órgano autónomo con patrimonio propio por el Art. 19 Nº 12 inciso 6º de la Constitución Política, a propósito de la libertad de emitir opinión y de informar. En consecuencia, se trata de un órgano de creación constitucional a propósito de las Bases de la Institucionalidad.
La Ley 18.838, de 1989, por la que se rige el CNTV, es de quórum calificado, es decir de rango normativo superior y en consecuencia de aplicación preferente por sobre la Ley 19.891, que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) como un servicio público.
El convenio firmado entre el CNTV y el CNCA es de cooperación mutua y en nada obliga al CNTV que debe regir su actuar por la Constitución y la ley; en ningún caso dependía de dicho convenio el traspaso de los fondos, ya que en ello no cabe discrecionalidad alguna, puesto que dicho traspaso lo dispone la ley. Asimismo esos fondos forman parte del patrimonio del CNTV desde que son contemplados en la Ley de Presupuesto, anualmente, y el CNCA lo único que puede hacer con ellos es entregárselos al CNTV.
Finalmente, en virtud del rango constitucional del CNTV, su autonomía y patrimonio propio, para evitar nuevos malos entendidos, su presidente solicitará que, al igual que a los demás órganos constitucionalmente autónomos, se lo considere en una partida presupuestaria propia.


Jorge Cruz
Director Área Jurídica CNTV




Fuentes
Garcia Ferrer, A. (2005). Iberoamérica, televisión y cultura ¿por dónde empezar a cooperar? [paper]. Revista Telos. Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad, 65.



fuente fotografía : http://www.munisantanita.gob.pe/scultural.php
 

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