La "retribución cultural" en la reforma a la Ley de Donaciones Culturales.



El actual gobierno se encuentra impulsando una modificación sustantiva de la norma popularmente conocida como “Ley Valdés”, disposición contenida en la legislación tributaria aprobada en 1990, durante los primeros meses de la recién recuperada democracia. La legislación dispuso por aquel entonces un mecanismo adicional de asignación de recursos públicos, por la vía de la renuncia fiscal a la cancelación de un porcentaje de los impuestos que las empresas y personas al Estado
En efecto, la norma conocida como Ley de Donaciones con Fines Culturales (LDC), propicia la entrega de aportes en metálico y otros bienes valorables, a cambio de una reducción de los impuestos equivalente al 50% de lo donado, a empresas y contribuyentes afectos indistintamente a los tributos de Primera Categoría y/o Global Complementario, que aportaran a la ejecución de un proyecto cultural presentando y aprobado por un Comité Calificador.
Reformada por primera vez en el 2001 por la ley n°19.721, oportunidad en se incluyeron modificaciones que hicieron aún más atractiva la donación de recursos para la creación y producción de obras de arte y las artes de la representación (teatro, danza).
No obstante, aquella norma que entre 1991 y el 2004 permitió allegar a proyectos culturales más de 65 millones de dólares provenientes de la empresa privada chilena, terminó siendo calificada poco menos que como inoperante, toda vez que dos leyes aprobadas en agosto de 2003 introdujeron sendos cambios a las reglas del juego. La primera de ellas, N°19.884, trató sobre la transparencia, límite y control del gasto electoral, y la segunda, N°19.885, legisló sobre el buen uso de las donaciones para fines sociales y públicos.
El legislador agregó una serie de sanciones, entre ellas algunas de carácter penal, creando al efecto nuevas figuras delictuales, mismas que los contribuyentes interpretaron como “poco favorables” para contribuir a un estímulo al animus donandi.
Las modificaciones legales, más allá de las circunstancias coyunturales que las provocan, han puesto en evidencia que las decisiones del Estado como proveedor de recursos, en forma directa a través de asignaciones ministeriales, fondos concursables o la capacidad de renuncia al cobro de los impuestos, implícita en las leyes de mecenazgo, no tienen en el caso chileno un tratamiento estable y consistente en el tiempo, factor que se demostrado es un factor primordial para la generación entre las personas y las empresas de una “cultura” de financiamiento de la cultura y las artes.

Figura nueva.
En el contexto de la actual reforma impulsada a través del Mensaje presidencia nº 011-359, y entre el conjunto de disposiciones que pueden interpretarse como avances al tenor de una legislación que tiene ya varias décadas de aplicación, destaca la introducción de la figura de la “retribución cultural” debida por el beneficiario de la donación.
En efecto, como lo señala el mensaje enviado el 21 de junio de 2011 a trámite legal, “se ha considerado importante precisar el ámbito de las retribuciones culturales que deben realizar los beneficiarios de las donaciones a la comunidad, estableciéndose en la ley las distintas clases de retribuciones y dejando para su reglamento la regulación de los distintos criterios y parámetros de retribución cultural a la comunidad, relativos a la cantidad de días, rangos de porcentajes y otros que para cada proyecto aprobado establezca el Comité. Los distintos criterios y parámetros de retribución cultural a la comunidad, consagra-dos en el Reglamento, se establecerán en consideración al porcentaje de financiamiento vía donación con fines culturales y al costo total del proyecto”.
Aunque en lo referido a las donaciones que eventualmente se reciban para efectos de un inmueble declarado como “monumento nacional”, la norma dispone que los propietarios privados de inmuebles asumirán la obligación de efectuar una retribución cultural a la comunidad, “consistente en instalar una placa distintiva y permitir el ingreso gratuito del público en las oportunidades que determine el Comité, según los criterios que establezca el Reglamento para tal efecto”, más clarificadora resulta esta figura en los acápites referidos a los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de la norma.
En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el art.9, inciso 5 de la reforma en trámite, “Los proyectos deberán estar abiertos al público en general. Sin perjuicio de ello, el Comité (Calificador de Donaciones con fines culturales) podrá determinar, en atención a la naturaleza del proyecto y al monto de financiamiento acogido a la presente ley, la retribución cultural a la comunidad, según los criterios que para cada caso disponga el Reglamento” (el destacado es nuestro).
A mayor abundamiento, el ordinal siguiente dispone:

“Artículo 10.- De la retribución cultural.- La retribución cultural a la comunidad de que trata el número 5) del artículo anterior podrá consistir en:
a) En el caso de los espectáculos o exposiciones: Realizar funciones o exhibiciones gratuitas y/o la disposición de la rebaja del precio de las entradas en un porcentaje determinado.
b) En el caso de las publicaciones de libros: Destinar un porcentaje de los ejemplares para ser donados a bibliotecas públicas, establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado u otras entidades sin fines de lucro.
c) En el caso de los proyectos audiovisuales: Entregar una autorización gratuita al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por un período determinado, para la exhibición televisiva de la obra en el territorio nacional.
d) En el caso de los inmuebles declarados Monumento Nacional: Poner una placa distintiva y permitir el ingreso gratuito del público en determinadas oportunidades y por un plazo determinado.
El Reglamento establecerá los criterios relativos a la cantidad de días, rangos de porcentajes y otros parámetros que sean necesarios determinar para regular el modo en que el Beneficiario retribuirá culturalmente a la comunidad, en conformidad con lo dispuesto en esta ley”.

El proyecto de ley no hace más indicaciones sobre este particular. En tanto figura novedosa en la legislación sobre donaciones, amerita por lo mismo algunas acotaciones.

Apostillas al concepto de retribución.
Es interesante acotar que “retribución” (retributio, onis) es para la RAE una recompensa o pago de algo; mientras que el verbo “retribuir” (retribuere) es equivalente a recompensar o pagar un servicio o favor. En este sentido, la retribución cultural planteada en la norma vendría a ser una cláusula de obligada recompensa que, en este caso, el donatario debería hacer a la comunidad por el favor de haber recibido un aporte de una empresa que no pagó la totalidad de los impuestos debidos al Estado. Resulta oportuno destacar que el peso del pago del favor quede aquí en el depositario último de la donación (la organización cultural que desarrolla el proyecto autorizado por el Comité).
Se trata ciertamente de la disposición de una contraprestación nueva surgida al alero de la Ley, pues, el donatario se obliga esta vez ante el Estado, representado en el Comité, a efectuar determinados cometidos en su provecho (rebajar entradas, regalar libros, poner una placa, etc). Puede resultar curioso constatar como el mismo legislador que se portó tan celoso en la modificación de la norma en el 2003 al detallar con ahínco la extrema prohibición de cualquier tipo de contraprestación entre donatario y empresa donante, ahora se detiene a detallar con el mismo empeño la recompensa que considera debida en atención a los impuestos no cobrados.
Por una parte, ello podría ser indicativo de una toma de mayor conciencia por parte del Estado de la relevancia de su aporte el descontar a la empresa parte de los tributos que obligatoriamente debe pagar. Por otra, proyecta ciertas dudas sobre la real capacidad de renuncia del Erario a obtener beneficios –materia que constituye la esencia de las legislaciones basadas en exenciones tributarias- pues se “cobra” nuevamente al obligar la cesión de entradas o libros que podrían ser valorizados.
Al definir que la retribución cultural debe hacerse “a la comunidad”, (con toda la vaguedad que ello supone), creemos ver un interés legítimo empero, en beneficio de la sociedad. Podría la LDC con gestos como esos, alcanzar mayores cuotas de conocimiento en la población. También es una forma, un tanto coativa, de obligar a los donatarios a tener en mente a la comunidad, aunque sea en la consideración de ese esfuerzo redistributivo al que el Estado la llama.
Habrá que esperar el Reglamento para ver como se avanza en la resolución de esta cuestión.
Un aspecto de no menos interés es la disposición de que la “retribución cultural” debe hacerse aplicando disposiciones más o menos coincidentes con la total gratuidad, considerando la rebaja en el valor de las entradas como una decisión intermedia. Ello parece como una medida razonable en el contexto de una política cultural difusionista, asentada en el principio del rol asistencialista del Estado en este orden. No obstante, existe información concluyente que demuestra que el acceso a la cultura no está determinado única y exclusivamente con la variable precio. Por otra parte, el actual gobierno pareciera estar privilegiando políticas culturales de corte extensionista, basadas adicionalmente en la promoción de ciertos valores coincidentes con el rol subsidiario del Estado, que entre otras cosas asume que la población que puede, debe pagar por los servicios que recibe, incluyendo en ello naturalmente a los de corte cultural.



En consecuencia, pese a que existen ciertas contradicciones de orden doctrinal en torno a la figura de la “retribución cultural”, mismas que no son posibles de resolver completamente mientras la Ley no termine su tramitación, se trata de una figura novedosa en el contexto de los regímenes de donaciones, pues hace patente una disposición más “activa” del Estado frente a los beneficios tributarios que otorga a las empresas. Ello porque ya no se limita a ser un mero observador que entrega el equivalente en su renuncia al 50% de lo donado (en términos gruesos) sino que obliga a las organizaciones culturales beneficiadas con su capacidad de renuncia, a hacer lo propio en eras de la comunidad.

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