Financiamiento de la cultura. Intervención en Panel de Primer Congreso Nacional de Gestión Cultural, Santiago de Chile, 3-4 y 5 de Noviembre de 2011

Intervención Dr. Cristian Antoine, USACH. En materias de políticas culturales, las primeras décadas del presente siglo han puesto de manifiesto la necesidad central de continuar avanzando en la reflexión y la investigación sobre nuestra economía de la cultura. El reconocimiento social de la función económica de la cultura, las transformaciones en el Estado, la relevancia de la cuestión regional, los agudos problemas en su financiamiento y la escasez de información estadística sobre el tema, siguen presionando, no obstante, como factores estructurales en un debate que lleva años fraguándose en el seno de organismos nacionales e internacionales y a algunas universidades de la región que están dedicando significativos esfuerzos en la clarificación de las características de la economía cultural iberoamericana. En efecto, ya la Conferencia de Venecia (1970) había llamado a incrementar los presupuestos de las Estados nacionales en correspondencia con las necesidades culturales y al estímulo fiscal para las inversiones culturales. La conferencia sobre Políticas Culturales en América y el Caribe, realizada en Bogotá (1978), dedicó un punto especial de sus recomendaciones a los asuntos relativos al financiamiento del desarrollo cultural nacional, enfatizando la urgencia de crear fondos nacionales de apoyo y fomento cultural y artístico; así como a compartir responsabilidades entre el sector público y privado en la materia. Y la conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de México (1982), recomendó el establecimiento de un porcentaje fijo anual para el financiamiento de la cultura en los presupuestos estatales y una mejor asignación de estos recursos; también llamó al aprovechamiento de las más diversas fuentes de financiación, tales como recursos extrapresupuestarios, cooperación bilateral y multilateral, instituciones privadas, fundaciones, organismos interregionales, instituciones internacionales, entre otras (Zubiría & Abello, 1997) . En la actualidad, y como consecuencia tal vez de la tematización de los asuntos financieros en el horizonte de la economía de la cultura, se asume que los asuntos relativos al financiamiento tienen que interrelacionarse estrechamente con complejos problemas del quehacer cultural, como la formación de públicos, la oferta cultural, las industrias culturales, los mercados, la democratización, el consumo, los empleos culturales, el Estado y el mercado cultural, la información cultural, etc. Igualmente, se ha hecho necesario reconocer la conveniencia de delimitar los asuntos relativos al financiamiento tanto en el campo cultural como en las políticas culturales, ya que el primero siempre rebasa al segundo, especialmente en el contexto de una crisis global de los modelos de organización de las sociedades contemporáneas y el actual desdibujamiento de las fronteras entre lo público y lo privado. No obstante, pese a reconocer que existen rasgos bastante heterogéneos en los sistemas de financiamiento en los países iberoamericanos (Albi Ibáñez, 2003; Lorenzo, 1995), se pueden destacar algunos rasgos comunes y otros específicos de las realidades nacionales. El primer elemento común es la constatación de que el presupuesto estatal sigue siendo el soporte más importante del financiamiento de las políticas culturales en los países iberoamericanos . El segundo rasgo es la gran creatividad y flexibilidad que los países y comunidades han manifestado en los procesos de búsqueda, consolidación y apoyo financiero de las actividades culturales. Especial significación han adquirido las instancias municipales y locales; así como sistemas autogestionarios y mixtos de financiamiento cultural. La tercera tendencia es la conformación en Iberoamérica de sistemas culturales que logran coordinar y concertar cinco formas de financiación de la cultura y las políticas culturales: pública; comunitaria; privada; mixta e internacional (Zubiria, Op.Cit.). Pese a estos consensos, se ha puesto en evidencia también (Reunión de Ministros de Cultura de los países iberoamericanos en Puerto España,1994), las posibilidades y dificultades que enfrenta la región en materias de financiamiento cultural, toda vez que los recursos financieros del Gobierno y del sector privado para los proyectos culturales, se muestran sensibles a los vaivenes de la economía; los proyectos culturales tienen menos prioridad en la jerarquía de los otros sectores, como la educación y la salud para muchos gobiernos y, la alternativa de impulsar planteamientos más creativos para el financiamiento de los proyectos mucha veces topa con el desconocimiento de los colectivos artísticos y los propios gestores de principios básicos de economía de la cultura e incluso su frontal rechazo, debido a la predominancia en muchos de ellos de visiones sesgadas y fuertemente ideologizadas sobre lo que es la cultura, el arte y quien debe pagar esa cuenta al final.
1. ¿Qué es el financiamiento de la cultura? Lo primero es reconocer que el financiamiento de la cultura es parte integral de las políticas públicas del sector, y que esta acción y efecto de contribuir al aporte de dinero y recursos necesarios para el desarrollo de una actividad, bien podría ser equivalente al conjunto de sistemas institucionales, administrativos y jurídicos que buscan generar y hacer circular recursos económicos orientados a proteger y promover las actividades artísticas y culturales (Alfaro Rotondo, 2011) . Si se asume que la financiación de la cultura es el conjunto de fórmulas de captación de recursos en el sector, dentro del sistema económico en que se encuentra(Vives, 2007), no es menos reconocer que se trata de un proceso complejo que incluye relaciones y cruces en materia de precios, subsidios, partidas presupuestarias, exenciones fiscales, impuestos, recursos específicos, fondos, iniciativas de mecenazgo, aportes internacionales, etc. Lo segundo es comprender que hoy por hoy, la dimensión de lo cultural es mucho más compleja que esa tradicional visión de las bellas artes que nos heredó el siglo XIX. La acción cultural hoy genera riqueza, empleo, valor añadido, exportaciones y atrae turismo. La cultura constituye un elemento estratégico para el desarrollo económico y la creación de empleo. Además, la cultura contribuye a la cohesión de la sociedad y a la formación de ciudadanos libres (Alonso Rodríguez, 2010). También es actividad económica, es industria y es empleo. Las industrias culturales constituyen un ámbito de gran importancia presente y de mejor futuro para la generación de puestos de trabajo de calidad (Simancas, 2010). Más recientemente se ha empezado a hablar de desarrollo cultural y de desarrollo culturalmente sustentable (Yúdice, 2006). Es decir, se ha planteado que para que se produzca el bienestar social explicitado en el concepto de sostenibilidad, es necesario prestar atención a la calidad de vida que implican los factores culturales. Como veremos, eso quiere decir que se tienen que elaborar estrategias, indicadores, índices, mecanismos, instituciones y gestores semejantes a los descritos para el desarrollo económico, el desarrollo humano, y el desarrollo sustentable. Aunque no nos podemos detener en una visión histórica más pormenorizada sobre estas cuestiones, hay que señalar que se trata de un enfoque todavía muy reciente en el plano académico e intelectual (Avila Alvarez & Diaz Mier, 2001; Fuhrman, 2009) . Baste recodar que fue recién en 1984, cuando un estudio encargado por el Parlamento de Zurich para establecer la relevancia económica de las instituciones culturales de la ciudad, con el propósito de “justificar las subvenciones de la Opera, el Teatro Municipal, la Filarmónica y el Museo, desde un punto de vista económico”, inició formalmente hasta donde sabemos, la introducción de criterios de valoración económica a la asignación de presupuestos públicos para el sector . La primera conclusión de dicho estudio fue que las cuatro instituciones tenían, más allá de su relevancia cultural, una considerable importancia económica. Si bien, dependen de la subvención estatal para llevar a cabo sus funciones, también, parte del dinero invertido en ellas volvía al estado y significa un notable impulso para la economía en general. 2. Modalidades de financiamiento de la cultura y las artes De las cinco formas tradicionales de financiación de la cultura y las políticas culturales (pública; comunitaria; privada; mixta e internacional), en atención a las consideraciones de tiempo que nos han indicado los organizadores del congreso, sólo nos referiremos brevemente a dos de ellas, el aporte público a la cultura y la contribución de los privados. Modalidades de financiamiento público. Con el fin de apoyar la creación y difusión cultural, la conservación y desarrollo del patrimonio y la identidad cultural, el Estado cuenta en la actualidad con distintos instrumentos y formas de financiamiento público. Entre ellas, las más conocidas son: Transferencias presupuestarias directas; Bancos oficiales con responsabilidades en el sector (Ej Bco.Rep.Colombia (Museo del Oro); Bco,Central de Ecuador (Museo Colonial), Bco. do Brasil (CC en distintas ciudades); Dominio Público de Pago (Argentina); Regímenes diversos de exenciones tributarias (Ley Valdes (Cl, 90); Ley Rouanet (Br, 91), Ley Mzgo Bs As (2009), Ley Mzgo Peru (2010); Fondos institucionalizados (Fondo Nacional de las Artes (Arg, 58), Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Mx,89), Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes, (Cl, 1992). En 1991, por ejemplo, el presupuesto nacional para fines culturales fue de 4.500 millones de pesos, equivalentes a unos 13 millones de dólares. La suma correspondió al 0.05% del PGB. Un 74% del presupuesto asignado a cultura fue absorbido en aquel entonces por gastos de administración y personal. El presupuesto se ha ido incrementando con los años. Sin duda como resultado de un esfuerzo por sistematizar institucionalmente el quehacer del Estado en los asuntos culturales. Adicionalmente, se han creado fondos, asignados recursos y dispuesto presupuestos para el financiamiento de las actividades culturales y artísticas en el país. No obstante, no resulta fácil hacerse un cuadro más o menos coherente de la cifra global de los recursos públicos asignados al sector cultural. Ella debiera incluir las asignaciones directas a los distintos fondos existentes, como por ejemplo, el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, el Fondo para el Fomento de la Música Nacional y el Fondo de Fomento Audiovisual, además del financiamiento presupuestario del propio Consejo Nacional de la Cultura. A ella hay que agregar las partidas recibidas por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, los fondos públicos que financian a las Universidades del Estado y que desarrollan actividades artísticas y culturales, las asignaciones que los gobiernos regionales hacen al sector, la cifra total del FNDR que va a cultura, el financiamiento que recibe el CNTC y, entre otros, los fondos directos que se asignan a la red de fundaciones artísticas y culturales de la Presidencia de la República. Lamentablemente no es una cifra que esté disponible. ¿Cuánto aporta la cultura al PIB? Según el CNCA, el sector cultural chileno representa el 1,6% del PIB . En efecto, recientemente se informó que las actividades asociadas a la cultura aportaron el 1,6% del Producto en 2009. Es decir, sectorialmente pesa más que la pesca y casi similar al rubro comunicaciones, de acuerdo con las cuentas nacionales del Banco Central. No obstante, comparado con otros países, aquella cifra es baja. En Argentina, el aporte de la cultura al Producto llega al 3,5% . Las cifras dan cuenta además de la atención puesta por las autoridades al desarrollo artístico y cultural. Entre 2006 y 2010, se triplicó el presupuesto, pasándose de 22 mil a 63 mil millones de pesos. Los recursos públicos se han estado orientando a la construcción de nuevos espacios para la cultura y las artes (museos, teatros, centros culturales y bibliotecas); fondos concursables que estimulan la ofertad cultura y, ahora último, a atender las urgencias de las tareas derivadas de la reconstrucción tras el 27F. Modalidades de financiamiento privado. Durante 1998, las empresas de todo el mundo destinaron más de 2 mil millones de dólares al esponsoreo cultural. En el 2010 las empresas chilenas aportaron más de 11 mil millones de pesos al desarrollo de iniciativas artísticas y culturales, la cifra es similar al monto global de las exportaciones de Chile a Japón en el mismo período. Con una larga tradición histórica en la cultura occidental, la contribución de las personas primero y las empresas junto a ellas ahora, es una realidad inmanente que complementa y enriquece las fuentes de financiamiento y constituye una sección significativa del ingreso no ganado por los artistas (Antoine, 2003; Rapetti, 2005). Tres son los modos más conocidos de este aporte: Transferencias directas (Mecenazgo); Exenciones tributarias (Donaciones) y Transferencias institucionales (Fundaciones). Lamentablemente las cifras no son fáciles de obtener y deberemos referirnos a ellas de modo indirecto. Las necesidades culturales de la sociedad contemporánea son imposibles de satisfacer con los presupuestos provenientes del sector público, pues, aunque son voluminosos en cuantía, siempre son insuficientes. “Por ello resulta indispensable la existencia de una política cultural privada, fundamentalmente a través del mecenazgo y de las fundaciones...Es obvio que esta política cultural privada no puede plantearse de forma planificada y dirigista, ya que responde a unos postulados diferentes de la de naturaleza pública. Su enfoque está más en consonancia con determinados presupuestos estéticos, financieros coyunturales, aún de rentabilidad, de impacto, de notoriedad y de imagen, las cuales no se dan en la misma medida en la política cultural pública”(Parés i Maicas, 1994). A través del mecenazgo, las empresas pretenden tener un claro protagonismo y quieren ser consideradas como interlocutores válidas en el marco de la política cultural de la sociedad en la cual desenvuelven su actividad. Al mecenazgo se la define como el hecho de destinar dinero u otros recursos a actividades culturales, sin obtener con ello una contraprestación económica directa, sino un beneficio de imagen, publicidad o relaciones públicas, en el fondo, un reconocimiento social en el contexto de las políticas de vinculación de la empresa con el entorno. Forma parte integrante de la política de comunicación de la empresa. Se trata por cierto de una actividad institucionalizada, sometida a normas de gestión, control y previsión que dista bastante de aquella experiencia histórica del mundo clásico romano que aunque similar en el nombre, está más emparentada con la filantropía. Las fundaciones, por otra parte, son uno de los instrumentos empleados por los ciudadanos para materializar su sensibilidad y generosidad individual, familiar o empresarial. En otros términos, las fundaciones son el vehículo utilizado para transformar muchos sueños solidarios de indudable impacto social en realidades concretas. Por lo tanto, las donaciones que conducen a su creación y desarrollo deberían incentivarse, lo que no sucede con la generosidad debida (Petitbó, 2008). En unos casos, los ciudadanos aportan parte de su tiempo; en otros, aportan recursos económicos; y, en casos excepcionales, ambos recursos simultáneamente. Las fundaciones genuinas suponen el acto y el efecto de fundar, lo que no excluye que en su consolidación y desarrollo reciban aportaciones económicas complementarias, privadas o públicas, de trabajo y, también, la cooperación entre organizaciones de distinta naturaleza y dimensión. Dichas aportaciones son voluntarias y no siempre adecuadamente reconocidas por las administraciones públicas. La magnitud e importancia de tales aportaciones depende, en buena medida, de la generosidad del marco regulador. Basta con comparar la conducta individual y societaria en Europa y Estados Unidos para darse cuenta de ello. Los latinoamericanos no somos menos generosos que los norteamericanos pero dedicamos menos recursos propios a actividades de interés público. Si los americanos han sido capaces de crear y consolidar grandes fundaciones ha sido, justamente, porque disponen, sobre todo, de mayores incentivos para transformar sus sueños en acciones concretas de indudable interés general. La regulación norteamericana es mucho más generosa que la nuestra y los ciudadanos norteamericanos son más libres en relación con la posibilidad de asignar sus recursos a finalidades de interés público. Las administraciones tienden a considerar que los incentivos a fundar y a donar dan lugar, exclusivamente, a una, para ellas, inaceptable reducción de los ingresos públicos. Es un error: tales incentivos se traducen en un notable alivio financiero de las arcas públicas sobre la base de la libertad y generosidad individual. ¿No supone una reducción del gasto público la creación o mantenimiento de hospitales y escuelas, el fomento de la educación superior o de la cultura, la ayuda al tercer mundo y un largo etcétera? Las contribuciones de los ciudadanos al interés general a través de las fundaciones tienen un valor muy superior a la desgravación fiscal correspondiente. En definitiva, se trata de un juego de suma superior a cero merecedor de apoyo. Con respecto a las donaciones con fines culturales, la experiencia mejor documentada del caso chileno, es el aporte de las empresas vía exenciones fiscales. Conocida como “Ley Valdés”, la Ley N°18.985 que fija beneficios tributarios por donaciones y que fuera aprobada en 1990, es un mecanismo legal que estimula la intervención privada en el financiamiento de proyectos artísticos y culturales, estableciendo en Chile un nuevo modo de financiar la cultura, en el que el Estado y el sector privado participan por igual en la calificación y el financiamiento de los proyectos que se acogen a este beneficio (Antoine, 2003) . Como fruto de estos mecanismos de incentivo del mecenazgo empresarial cabe destacar el importante rol que la empresa privada ha venido asumiendo en el financiamiento de la cultura chilena que, en conjunto con el gobierno, han contribuido a la materialización y desarrollo de una serie de espacios para el desarrollo cultural del país, tales como el Centro Cultural Estación Mapocho, Balmaceda 1215, el Museo Artequín, entre otros (Antoine, 2009). 3. Desafíos del modelo chileno de financiamiento de la cultura No es fácil resumir en unas líneas los que aparecen como los principales desafíos del financiamiento de la cultura en Chile. No lo es, en parte, por el contexto tan cambiante donde dicho esfuerzo debe darse. Por una parte, está el creciente protagonismo del intercambio de bienes simbólicos – compra y venta de experiencias que ha permitido descubrir que el consumo cultural es un recurso para la productividad económica. El vinculo entre Cultura y Turismo está obligando a una convergencia de enfoques provenientes desde la antropología, la sociología y la economía, que no tiene precedentes en el medio local. La cultura está empezando a ser considerada como recurso para resolver problemas sociales y políticos. Ya lo viene siendo en los planes de revitalización urbana de alguna de nuestras principales ciudades. Y de nuevo el vínculo de la creatividad: de ahí los proyectos de ciudades creativas, industrias creativas, plataformas para las artes y la cultura. ¿Están nuestras políticas públicas en cultura considerando estas nuevas dimensiones? Tengo la impresión de que la respuesta nos dejará al debe. En sociedades democráticas, la participación de empresas e instituciones en la protección, desarrollo y estímulo de las diversas manifestaciones culturales es una realidad que complementa las políticas emprendidas por el Estado. Frente al menor volumen de la inversión pública en cultura, el mundo de los creadores procura el ingreso de recursos de las empresas patrocinadoras. Es cierto que se están impulsando cambios en la Ley Valdés. También lo es que esos cambios van en la dirección correcta de favorecer las donaciones aumentando el número de posibles donatarios, no obstante, a tenor de lo expuesto y para ser consistente con lo que he planteado en otros foros similares, creo que Chile debiese pensar ya en una Ley de Mecenazgo que supere el menoscabado régimen que la legislación adjudica al régimen de donaciones modales. Por último, me han pedido referirme a los problemas, en el sentido epistémico de obstáculos que nos impiden el logro de las metas que nos hemos propuesto, que podemos identificar en el campo del financiamiento de las artes y la cultura. Pidiéndoles disculpas por lo apretado de la síntesis, creo que esa lista la podemos reducir a cuatro grandes rubros. Problemas en la determinación política de los montos la forma como se asignan. En realidad sabemos poco de cuánto se gasta en cultura por parte del Estado (y también de los privados), pero sabemos menos de cuánto es lo que consideramos justo gastar en este rubro. ¿Debemos acercarnos al estándar de la OCDE en gasto público? ¿Por qué deberíamos aceptar esa cifra? Sin desconocer el mérito del aumento de los recursos disponibles en la sucesión de cinco gobiernos que hemos tenido desde la recuperación de la democracia, lo justo es reconocer también que este debate no ha logrado traspasar la esfera de la atención pública. Por una parte está el riesgo de caer en la espiral de gasto que supone la Ley de Wagner para la administración de los fondos públicos, por otra, está siempre el lance de que con los fondos de todos se estén financiando a unos pocos. Y no necesariamente a los mejores, como la Ley de Ijanov se ha encargado de precisar. Otro asunto tiene que ver con la modalidad de asignación. Así como ocurre en otros ámbitos, hay quienes reclaman por una suerte de “fondos basales” para la cultura y discuten que la concursabilidad sea el mecanismo más recurrente para la entrega de recursos provenientes del Estado. Seguro muchas organizaciones culturales estarían más tranquilas sabiendo que puntualmente les llega un cheque fiscal, a que tener que afanarse por tratar de llegar a fin de mes. Sin duda es una cuestión que aparecerá en el debate. Ojala no se pierda de vista que lo que interesa en esta cuestión es el sujeto que está al final de la cadena y no el objeto que la inicia. ¿Cómo se asegura más y mejor cultura para los ciudadanos? ¿Y si la educación debe ser gratuita, por qué no la cultura también? Y si la educación gratuita debe ser pagada por el Estado, y la cultura también. Porque no sería razonable esperar en el futuro un Estado cada vez más interventor y mecenas. ¿Se acerca el fin de la era Fondart? Problemas en la Transparencia debida en el uso de los recursos. Este es un problema que no sólo afecta al mundo de la cultura. Tenemos una sociedad muy opaca todavía en términos de información pública sobre el destino final de los recursos. Hay legitimas sospechas de que en el pasado se han estado financiando con recursos de todos los chilenos organizaciones culturales son sesgos muy definidos en lo político. Yo no digo que ello sea malo en sí mismo, muchas de esas organizaciones y artistas que se han beneficiado del mecenazgo del Estado son serias y han hecho aporte a la variedad de expresiones y matices que debe tener el sector. Solo discuto la discrecionalidad en el aporte y la falta de oportunidades a que ello obliga a cientos de otras organizaciones y artistas, tan buenas y tan meritorias como las anteriores, pero que no alcanzan a estar dentro del círculo de influencias (y recursos) que se distribuía desde Palacio. Las contribuciones de la empresa tampoco son un ejemplo de accountability. Hay sospechas también de sesgos y pretericiones, lo que demuestra la imperiosa necesidad de avanzar en la profesionalización del sector. Problemas en la institucionalidad responsable de su ejecución. Efectivamente aquí tenemos un tremendo problema que hay que sincerar de una vez. La creación del CNCA no superó la fragmentación del sector que sigue siendo tal vez el mayor obstáculo para el desarrollo de verdaderas políticas públicas en cultura. Las duplicidades en el gasto son evidentes, las hemos visto en estos días en la asignación de recursos al CNTV por parte del CNCA; no somos muy eficientes en el gasto público, ni eficaces en la asignación de los recursos allí donde más se los necesita. Al estar tan difuminado el gasto entre actores variados, lo que se gana en variedad, se pierde en eficacia (y en responsabilidad) . Al final de cuenta, como el gasto es de todos, la culpa de que las cosas no funcionen como es debido, no la paga nadie . Problemas derivados de su falta de evaluación sistemática. Tal vez un corolario del considerando anterior. Al examinar la información disponible sobre evaluación de políticas y programas culturales en Chile se observa que las preocupaciones se han centrado en cuestiones teóricas y metodológicas, institucionales y operativas, mientras en otras naciones se han preferido las evaluaciones de impacto, aún a escala local, municipal y/o regional. También se advierte que existe una tendencia a desarrollar modelos de evaluación dedicados al proceso, sin mayores consideraciones sobre el resultado, impacto y satisfacción de los usuarios por la implementación de las mismas. En la mayoría de los casos, los actores que participan de las decisiones sobre evaluación son los directivos y autoridades, así como los operadores de las intervenciones y los profesionales de las ciencias sociales que realizan labores de evaluación. Quienes se ven concernidos por la aplicación de las políticas culturales -en primer lugar, los ciudadanos que se ven afectados por la implementación de las decisiones de los gobiernos y sus programas y, luego los artistas y las organizaciones culturales encargadas de su gestión- no parecen estar siendo plenamente considerados en este proceso. FUENTES CITADAS Albi Ibáñez, E. (2003). Economía de las Artes y Política Cultural. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. Alfaro Rotondo, S. (2011). El financiamiento de las artes y la cultura. Seminario Taller Chimbote es cultura. LIma. Alonso Rodríguez, J. A. (2010). La importancia económica de la cultura. [Paper]. Sistema: Revista de Ciencias Sociales(215-216), 3. Antoine, C. (2003). Patrocinio y Donaciones con fines culturales. La Ley Valdes y el Aporte Privado a la Cultura (1 ed.). Santiago: Ediciones Universidad Santo Tomás. Antoine, C. (2009). Patrocinios y Mecenazgos. In C. Asuaga (Ed.), Un Encuentro No Casual. Cultura, Ciencias Económicas y Derecho. Actas Primer Seminario Ciencias Económicas, Derecho y Cultura: Hacía un modelo del Río de la Plata. (pp. 134). Montevideo: Universidad de la República. Avila Alvarez, A. M., & Diaz Mier, M. A. (2001). La Economía de la Cultura: ¿Una construcción reciente? [Paper]. Informaciòn Comercial Española. Revista de Economía(792), 22. Fuhrman, S. (2009). Fuentes de Financiamiento para el arte y la cultura. [Paper]. RGC. Revista Gestoión Cultural. Universidad Tres de Febrero, 1(1), 34 - 39. Lorenzo, M. B. (1995). El financiamiento de la cultura y las políticas culturales. . Madrid: CEDEAL. Parés i Maicas, M. (1994). La Nueva Filantropía y la Comunicación Social: Mecenazgo, Fundación y Patrocinio. Barcelona: Escuela Superior de Relaciones Públicas-Promociones y Publicaciones Universitarias S.A. Petitbó, A. (2008, 29 de diciembre de 2008). Fundaciones, Altruismo y libertad. ABC. 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