¿Necesita el país un Ministerio de Cultura?




Hace una década se discutía en el ambiente cultural chileno la conveniencia o no de crear un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Por aquellos años escribí una columna en la REVISTA REALIDAD en la daba a conocer mi opinión sobre ese tema. En síntesis, señalaba a la vista del diagnóstico sobre el sector, que no nos será fácil avanzar en la construcción de un mecanismo que nos permita contar con políticas culturales y una nueva institucionalidad que aunara las expectativas de los numerosos sectores interesados.
Ahora, con un poco más experiencia y habiendo colaborado incluso desde dentro del Consejo, sigo pensando que su conformación actual no nos ha permitido solucionar algunos de los problemas más urgentes que tiene la intervención del Estado en materias artísticas y culturales.
Por ello creo que el anuncio en mayo pasado por parte del Presidente de la República de crear un Ministerio de Cultura y Patrimonio es un estupenda oportunidad para poder discutir desde la sociedad civil, cuáles debiesen ser los roles y funciones que este tipo de organismos están llamados a cumplir en el seno de sociedad democráticas y respetuosas de las libertades públicas.
El Instituto Libertad y Desarrollo ha organizado para este jueves 12 de abril un seminario de alto nivel sobre esta materia, en un esfuerzo por promover un debate informado y de altura, sobre la participación del estado en este sector de la vida nacional.
De más está decir que la calidad de los ponentes internacionales y locales será garantía de una discusión de ideas aportadoras.
El Dr. Clive Gray  es una autoridad mundial en la materia, profesor asociado en Estudios de Política Cultural y Director del Máster en Gestión Cultural y Política Cultural de la U. de Warwick, Reino Unido, sus trabajos sobre economía de la cultura y políticas culturales son un referente ineludible en el sector.
Mientras que Juan Luis Mejía, abogado especializado en educación y asuntos culturales, ex Ministro de Cultura y hasta hace unas semanas Rector de la Universidad EAFIT de Colombia, es una de las personalidades latinoamericanas más conocidas en este campo. Buen amigo de Chile, conoce desde dentro los pormenores de uno de los ministerios sectoriales más representativas en este lado del mundo.
Por último, el colega Jose Tasat, sicólogo, investigador  y director del Instituto de Políticas Culturales de la Universidad UNTREF, Argentina , ha venido trabajando estos últimos años sobre las relaciones entre el estado y la cultura en la experiencia trasandina, la misma que es considerada tan paradigmática en amplios sectores de la sociedad chilena.
A ellos se suman un conjunto de relatores nacionales que, cada uno, reúne suficiente mérito como para que sus opiniones al respecto, merezcan ser tomadas seriamente en atención.




Aquí les copio el programa del Seminario Internacional


Seminario Internacional
“Cultura y Patrimonio:
¿Un Nuevo Ministerio para Chile?”
12 de abril de 2012
(Centro Gabriela Mistral, Av. Libertador Bernardo O´Higgins 227, Sala A1)
PROGRAMA

08.30–09.15                Inscripciones
09.15-09.30                 Inauguración
Carlos F. Cáceres C., Presidente del Consejo de Libertad y Desarrollo
09.30–10.15                "Las políticas culturales y su institucionalidad"
Luciano Cruz-Coke, Ministro de Cultura
10.15–11.00       “Evolución de la presencia del Estado y los Ministerios de Cultura en América Latina”
José Tasat, Sicólogo, Investigador del Instituto de Políticas Culturales de la Universidad UNTREF, Argentina
Moderador: Cristian Antoine,
Académico USACH e investigador asociado de Libertad y Desarrollo
11.00–11.30                Café
11.30–12.15          “Rol del sector público en la orientación de las actividades culturales en la sociedad contemporánea” Clive Gray, Profesor asociado en Estudios de Política Cultural y Director del Máster en Gestión Cultural y Política Cultural de la U. de Warwick, Reino Unido
Moderadora: Karin Ebensperger,
Consejera de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo

15.00–16.15               “El Estado y las políticas culturales, el rol de los ministerios de cultura”
Juan Luis Mejía, abogado especializado en educación y cultura y Rector de la Universidad EAFIT, Colombia
Moderador: Álvaro Bellolio,
Coordinador Programa Sociedad y Política Libertad y Desarrollo
17.00–18.30                Panel: "Distintas visiones nacionales"
Moderadora: Lucía Santa Cruz, Consejera de Libertad y Desarrollo
Arturo Navarro,  Director Centro Cultural Estación Mapocho
                                      Magdalena Krebs, Directora División de Bibliotecas, Archivos y Museos
                                      Carlos Aldunate, Consejero Consejo Nacional de la Cultura y las Artes           
18.30 – 18.45              Cierre




Aquí les dejo la versión original del trabajo publicado en el 2002

Institucionalidad cultural:
¿NECESITA EL PAIS UN  NUEVO CONSEJO DE ARTE Y CULTURA?

Por Cristian Antoine

“El Estado tiene que contar con una institucionalidad cultural pública al servicio de la creación y difusión artística, del cuidado y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural . Por eso quiero pedir y rogar especialmente a este Congreso Nacional el pronto despacho de la Ley de Institucionalidad Cultural”, exortaba a los congresistas el Primer Mandatario en su discurso al país del pasado 21 de Mayo. 
Reiteraba así el Presidente su intención de ver materializado uno de los proyectos más emblemáticos de su administración,

Aunque  un tanto disminuido ante la atención  pública, preocupada  mayoritariamente en el financiamiento del  Plan Auge y los problemas de la  cesantía y la marcha general de la economía, el llamado del Presidente será probablemente un paso significativo para el nacimiento del flamante Consejo Nacional de Arte y Cultura (CNAC).

Pues el Gobierno ha decidido  plasmar orgánicamente sus argumentos sobre el tema, en una propuesta  que modificará de modo radical  la forma  y  manera de concebir la acción del Estado en la vida cultural del país.

Los primeros signos de este cambio ya los había dado el Primer Mandatario cuando  presentó en mayo del 2001, su programa de  políticas culturales.    Es mas, a poco de asumir su mandato,  el Presidente había dispuesto la coordinación permanente de los organismos gubernamentales encargados de la acción cultural pública, en lo que se anticipaba sería una preocupación directa por el  tema.

Dichos esfuerzos vinieron a constituirse,  en corolarios de una serie de intentos que en esta última década los gobiernos de la Concertación habían presentado a propósito del desarrollo cultural chileno.  En efecto, durante la década pasada hubo varias instancias de reflexión que hicieron diagnósticos sobre la situación cultural del país.

Vie Anhelo Concertacionista

La puesta en operaciones del CNAC  es aspiración antigua para La Moneda.  Un organismo de similares características aparecía ya en el programa de gobierno de Patricio Aylwin a comienzos de los 90, cuando se destacaba la necesidad de configurar una instancia coordinadora que permitiera conducir con mayor coherencia y eficacia las políticas y acciones del sector público en el campo cultural.

Más tarde,  la Comisión Asesora de Cultura que designó en 1990 el propio Ricardo Lagos, en su condición de Ministro de Educación y de la que fue coordinador Manuel Antonio Garretón, avanzó por un derrotero bastante similar.  El diagnóstico y el pronóstico fueron siempre coincidentes: muchos de los actuales problemas de descordinación que presenta la acción fragmentaria del Estado en el ámbito cultural podrían superarse si existiera un organismo que pudiera coordinar todas las acciones.

Durante el Encuentro sobre Políticas Públicas, Legislación y Propuestas Culturales, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados en 1996, a instancias de un grupo de congresistas, se concluyó que “la falta de este ente público coordinador “, era el principal obstáculo para la acción del Estado en lo cultural.    La idea parecía avanzar en una dirección opuesta a la de aquellos sectores concertacionistas que añoraban para Chile una institución cultural  con rango de Ministerio.  Todo apuntaba a que se trataría más bien de una Dirección Superior, dependiente del MINEDUC, como fue la primera propuesta de Frei Ruiz Tagle, o de un Consejo con carácter autónomo y directamente vinculado al Primer Mandatario, como es la actual alternativa que encabeza Agustín Squella, Asesor en materias de cultura del Presidente Lagos.

En efecto, la idea del Ministerio pareció quedar definitivamente enterrada tras el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial en materias Artístico Culturales, que se constituyó en 1997 a iniciativa del ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, y que fue presidida por Milán Ivelic.

El documento final de esta última, sentenció adecuadamente en su título “Chile está en deuda con la Cultura”, no sólo un diagnóstico de la realidad cultural nacional por aquel entonces, sino en propiedad un estado de animo y un clima entre los actores directamente involucrados en su confección.  Fue de especial consideración de la Comisión, recomendar al Primer Mandatario la creación de un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, concebido como un servicio público autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y presidido por una autoridad unipersonal que tuviera rango de Ministro de Estado y que fuera designado directamente por el Presidente de la República.

La propuesta de la comisión Ivelic,  proveniente del gobierno de Eduardo Frei RT, fue modificada por medio de una indicación sustitutoria  tramitada por iniciativa del Ejecutivo a fines del 2000.  Desde aquella época se la conoce popularmente por “proyecto de nueva institucionalidad cultural”, por cuanto, en esencia, lo que promueve es refundir en un solo organismo (el Consejo Nacional de Cultura) las que actualmente son competencias de los Ministerios de Educación (División de Cultura) y Secretaria General de Gobierno( Secretaria de Comunicación y Cultura) y Relaciones Exteriores (Dirección de Asuntos Culturales), Consejo Nacional de Televisión, Consejo del Libro y Comité Calificador de Donaciones Culturales, sólo por mencionar las más relevantes.

Pese a lo avanzado de su desarrollo, el CNAC no ha logrado aún extinguir del todo a la idea de crear un Ministerio de Cultura en Chile, pues, como el fénix, esta se niega a desaparecer.  Asalta periódicamente desde discursos y debates públicos, como los que ha promovido la División de Cultura del MINEDUC en sus dos versiones pasadas de los “cabildos culturales”, los cuales inequívocamente siempre terminan recomendando la necesidad de crear en el país un nuevo ministerio.

Este aspecto ha estimulado además una soterrada pugna entre distintas reparticiones públicas interesadas en mantener inalteradas sus estructuras funcionarias.  Así como la  menos sutil oposición de los funcionarios públicos del sector que han presionado, aveces abiertamente como en el caso de la DIBAM.

En La Cultura Hay Varios Actores

Parece oportuno reconocer aquí que la diferenciación clásica entre actores y políticas culturales está cambiando ante la irrupción de una nueva forma de concebir la acción del Estado, los servicios públicos y la iniciativa privada en el ámbito cultural.

Sigue vigente en un sector de nuestro medio intelectual, el modelo tradicional que ha imperado durante gran parte del presente siglo y que le confiera al Estado un papel central en el diseño de las estrategías de desarrollo cultural.    Pero es necesario reconocer que esa propuesta ha  debido añadir ahora un nuevo componente.  El Estado no ésta sólo frente al desarrollo cultural, pues otros actores intervienen también en esta dimensión.  Entre ellos, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y corporaciones, asociaciones de profesionales, organismos sindicales y de protección de los derechos de autor y, ciertamente la empresa privada a través de las industrias culturales.

En el pasado, el  Estado al organizar sus políticas culturales, debía discutir casi sin contraparte, el ámbito de intervención del aparato público, la manera de reconocer las distintas expresiones que había en su interior, cómo integrar a esas políticas con las del sector educación y cómo regular (sí podían) las industrias culturales.

El problema más común frente a estas ‘políticas culturales’, no solía ser ni la falta de recursos, ni la falta de voluntad o empeño de los gobiernos, ni la falta de coordinación entre los  grupos sociales encargados de materializarlas, sino que más bien una tendencia al dirigismo ideológico que terminaba por asfixiar al objeto de las mismas.

En efecto, hasta hace unas décadas, se solía pensar en las “políticas culturales” como ámbitos de la estricta competencia estatal.  Con el tiempo se advirtió que cuando el sistema político adopta una determinada decisión en el ámbito cultural, vulnera muchas veces las oportunidades de otros sectores, ya que es prácticamente imposible, en el contexto de una sociedad auténticamente democrática, poder realizar autónomamente desde el Estado una efectiva labor para garantizar la satisfacción global de las necesidades culturales de la población.

Lo anterior porque la cultura descansa, esencialmente, sobre la libertad de escoger los recursos, medios y distintas formas de expresión simbólica.  Pues bien, en sus intentos por tratar de codificar las necesidades culturales de su población para estimular la creación y distribución de los recursos que las satisfacen, los Estados han oscilado desde la total y absoluta prescindencia en estas materias, hasta un intento declarado por tratar de controlarlo todo.

Si entonces el propio rol del Estado frente a la cultura está siendo objeto de discusión, cabe entonces preguntarse en qué nivel se encuentra hoy ésta discusión sobre la prevalencia de políticas públicas sobre cultura.   ¿O mejor dicho, qué tipo de responsabilidades le está correspondiendo asumir actualmente al Estado en el ámbito cultural?

Si bien se le reconoce hoy por hoy una cierta competencia en la promoción y estímulo de la misma, pero no necesariamente en la gestión directa de actividades culturales,  el Estado parece insustituible en ser el garante subsidiario de la existencia  de ciertas  instituciones e instrumentos dedicados a la investigación y conservación  del patrimonio cultural,  pero muy poco más.

Un Cambio Con Dificultades

La relación entre la cultura y el Estado no es entonces fácil, ni es fácil encontrar reglas generales que puedan ser aplicadas de manera indeterminada porque, de alguna forma, esa relación va desarrollando su propia dinámica.

Sin embargo, frente al CNAC es claro que la voluntad del Estado se ha ido imponiendo, pese a que es sabido que el éxito en la formulación de una política cultural con pretensiones de constituirse en política del Estado chileno, pasa por reconocer que hay otros actores interesados en participar en su génesis y desarrollo.

Cuando las tendencias mundiales parecen avanzar en la dirección de dotar de más amplios y mayores espacios de autonomía a la sociedad civil y al llamado “tercer sector” en su capacidad de colaborar con el desarrollo cultural de una nación, aquí parece que remamos en la dirección contraria.  Pues, aunque inspirado en una idea noble como asegurar la coordinación entre organismos públicos, en verdad no se ha podido comprobar que un Consejo Nacional sea más eficiente en la asignación de recursos.  Así como tampoco consta en los expedientes en discusión que la actual “dispersión administrativa” haya sido en realidad un obstáculo para el desarrollo de determinadas actividades artísticas o culturales.

Nadie ha podido demostrar tampoco que allí donde existen estos consejos, y en nuestro vecindario hay más de un ejemplo, la cultura progrese más prospera, independiente y mejor gestionada.    Es más, la experiencia parece indicar que lamentablemente, la tendencia al abuso de autoridad, a la centralización en la toma de decisiones, los clientelismos políticos y a trasnochadas muestras de dirigismos, no son extrañas a las figuras de los Consejos de Arte y Cultura.

No nos será fácil avanzar en la construcción de un mecanismo que nos permita contar con políticas culturales y una nueva institucionalidad en el sector que aúnen las expectativas de los numerosos sectores interesados. Especialmente porque hay una extendida  falta de conocimiento y reconocimiento mutuo entre estos actores.

Además, porque se suele tratar de actores que tienen concepciones básicas distintas (y no asumidas)  con relación al papel de cada agente y su ámbito.  Faltan muchos Consejos como el mencionado y muchas Comisiones para que los interlocutores comiencen a pensar orgánicamente en el cómo resolver como equipo; como ciudad, como región, como país las expectativas y necesidades culturales de la población.

Hace falta además  un marco legislativo específico que sea capaz de establecer con meridiana claridad un ámbito para la colaboración entre el sector público y el privado para el logro de objetivos sociales. Pienso aquí en una norma mucho más ambiciosa  que  la actual regulación impositiva de las donaciones con fines culturales.

 Y, entre otras, hace falta también una mayor preocupación por la estricta cualificación profesional de muchos de los que serán los encargados de poner en funcionamiento el sistema, pues la propuesta de nueva institucionalidad no avanza en la renovación de los cuadros burocráticos, toda vez que los organismos que van constituir en CNAC, pasarán a formar parte del mismo con los mismos recursos y personal con que cuentan en la actualidad. De nuevo, todo cambia, para que todo siga igual.


•    Este artículo apareció publicado en el n°65 de la Revista Realidad en  agosto 2002

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