Participar o no participar, ese nos dicen es el dilema












Hace algunos años la idea de crear un Ministerio de Cultura despertó cierta resistencia en los círculos artísticos y culturales chilenos . Los opositores a la iniciativa sostuvieron su rechazo afirmados en el principio de que el actual Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) "garantizaba" la “participación” de los ciudadanos en la determinación de los asuntos culturales y, que un Ministerio, centralizado, burocrático y regulador, la pondría en discusión. Por su parte el gobierno de Sebastián Piñera apuntaba a subrayar criterios como la eficiencia en la acción del estado y el mejor aprovechamiento de los recursos como algunos de los argumentos relevantes para promover un cambio profundo en la institucionalidad cultural.
El actual gobierno chileno parece haber asumido la necesidad de hacer cambios mayores en el CNCA y  anuncia la sustitución del actual proyecto de Ministerio en trámite por otra figura
http://radio.uchile.cl/2014/04/14/consejo-de-la-cultura-lanza-inedita-consulta-ciudadana-para-definir-el-futuro-del-ministerio-de-cultura


  


Como una manera de contribuir a la discusión con ideas les dejo una selección de la ponencia que sobre este tema presente en un congreso de especialistas en políticas culturales realizado en Barcelona en el 2012.


Antoine, C. (2012). Participation and Ideology. Challanges and tensions not resolved in the public Management of culture in Chile. Paper VIII International Conference on Cultural Policy Research, Barcelona.
(...)



Hay que aclarar de primeras que no es la perspectiva historiográfica el más popular de los enfoques de análisis entre los especialistas en Políticas Culturales. Para el caso chileno, las aproximaciones sistemáticas son aún más escasas.


Entre los posibles puntos de vista para el análisis de las políticas culturales, una de las variables que sin embargo más consenso produce entre los expertos, es la búsqueda a través de ellas de mecanismos que estimulen la “participación” de los ciudadanos en el devenir de los asuntos culturales y artísticos de la Nación.


Sin embargo, mientras algunos autores han sostenido que la política cultural ha estimulado la participación política y el empoderamiento del escenario público latinoamericano (Molina, 2008; Rojas Alcayaga, 2008), otros especialistas, observando el caso chileno (Garrido Ferrari & Camp; Avalos Valdebenito, 2011), aluden a la existencia de una distancia entre el nivel discursivo de la ciudadanía y la realidad concreta de la participación ciudadana en la gestión pública de la cultura.


Lo cierto es que carecemos de visiones de conjunto sobre la evolución de la idea de participación en las políticas culturales chilenas. No disponemos tampoco de miradas que permitan comparar, aun con mayor perspectiva, los aspectos centrales de ese proceso en el contexto del desarrollo disciplinario del tema, tanto en plano latinoamericano como en su proyección a las sociedades de corte democrático-occidental.


El Estado chileno ha sido permanentemente un actor decisivo en la formulación de políticas culturales a lo largo del último cuarto de siglo.  Con algunas inflexiones coyunturales, ha sido además un factor de influjo poderoso, especialmente en el financiamiento de las actividades y la promoción de las mismas a través de una serie de instituciones de su dependencia con incidencia en el desarrollo del sector. A ese espacio de la presencia orgánica (estructuras y aparatos) y jurídica (leyes  reglamentos) del Estado en cultura se le denominó desde mediados de los 90 “institucionalidad cultural” (Agustin Squella, 2006).





El tópico de la “participación”.


El gobierno del presidente Piñera anunció a poco de asumir el poder, el envío de un proyecto para crear un Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ello con la intención de terminar con la dispersión actual de las organizaciones culturales, unificando las tareas y funciones del Consejo de la Cultura y las Artes, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y el Consejo de Monumentos Nacionales.


Como hemos visto, la creación del Consejo de la Cultura en 2003, había dejado pendiente  un aspecto muy sensible de la institucionalidad cultural chilena: la falta de tuición de este nuevo organismo respecto del cuidado y fomento del patrimonio nacional y de la actividad museística en general.


En ambas áreas, el Ministro Presidente del Consejo no tiene injerencia y sólo puede actuar en forma muy acotada, por la buena voluntad del director de la DIBAM, que depende a su vez del Ministerio de Educación.


Esta situación se traduce en que existen dos reparticiones públicas autónomas entre sí y con un sistema de gobierno diverso que actúan sobre el mismo objeto. Pero con diferencias, pues el Consejo fija sus planes y metas en forma colegiada, mientras la DIBAM lo hace de acuerdo con la estructura jerárquica tradicional de los ministerios.


Se ha criticado la idea de instalar un ministerio sobre los tres organismos mencionados para obligarlos a coordinarse, estimándola un grave retroceso respecto de lo existente, pues eso no contemplaría la participación activa de la sociedad civil en la génesis de las políticas culturales, como sí sucedería hoy. Esta fórmula funcionaría, además, como un freno a la habitual inclinación del poder político a instrumentalizar la cultura en beneficio de sus intereses ideológicos.


Sin embargo, no es clara la incidencia real que han tenido los consejos y sus directorios en la acción ejecutiva del ministro. Por lo demás, las facultades de aquéllos son limitadas, lo que ha llevado a que en dichos consejos se discuta abundantemente sobre políticas culturales de muy variada índole, pero sin tener instrumentos suficientes para aplicarlas.Considerando su extensión territorial y funcional, el CNCA tiene en la actualidad 35 órganos colegiados. Es cierto que estos órganos representan posibilidades de participación para cuerpos intermedios de la sociedad, pero también representan un riesgo de atomización e ineficacia en la adopción de políticas de mediana y amplia complejidad.


Pero como lo sostiene Lluis Bonet, una de las principales paradojas de la política contemporánea es la promoción de la participación, un valor en desuso en nuestra actuales sociedades libradas al individualismo y al consumo (Bonet, 2005)[1].


Claro que esa participación del ciudadano que se anuncia, no se hace habitualmente considerando su presencia en el diseño ni en la concepción del conjunto de decisiones que lo afectarán en sus posibilidades de poder disfrutar en plenitud –si el quiere- de sus derechos culturales, especialmente en el plano de lo local que es el más próximo a su propia situación en un tiempo y en un momento histórico determinado.


Por participación entenderemos aquí el proceso de intervención de la sociedad civil, individuos y grupos organizados, en las decisiones y acciones que los afectan a ellos y a su entorno; y por ciudadanía, la reinvindicación de un sujeto de derechos y responsabilidades frente a un determinado poder, la participación ciudadana corresponde a la movilización de estos intereses de la sociedad civil en las actividades públicas (Márquez & de Ferrari, 2001:15). 


Existen amplias referencias disponibles sobre la participación ciudadana en la gestión pública (Padilla, 2008; Pascual i Ruiz, 2007; Pindado Sánchez, 2000)[2], pero no muchos casos sobre su incidencia en los asuntos culturales.


No obstante, nos parece que la participación ciudadana en los asuntos culturales (Abad Andújar, 2009; Antoine, 2011a) es parte esencial de un sistema democrático (Bravo, 2007). Una tarea ineludible de la democracia es la de impulsar y fortalecer procesos y herramientas que contribuyan a que los derechos y deberes de las personas sean plenamente reconocidos y ejercidos y se produzca un verdadero intercambio entre ciudadanos, el Estado y sus poderes (Bravo: 2007). Las demandas y las propuestas ciudadanas requieren de la construcción de espacios, instrumentos y procedimientos mediante los cuales los ciudadanos puedan expresarse sobre lo que directamente les afecta, y tengan algo que decir en relación a las decisiones que las instancias administrativas adoptan y a los modos que utilizan para ello. Nuestro país incorpora cada vez con mayor énfasis instrumentos que favorecen esta tendencia, entre ellos los presupuestos participativos, o las iniciativas ciudadanas de Ley (Urrutia Fernández, 2007).


La participación ciudadana es para nuestra política cultural (al menos en su dimensión puramente formal), también un imperativo del  reconocimiento y ejercicio de los derechos culturales. En este contexto, los espacios para la cultura y las artes pueden ser definidos, interrogados y proyectados como instrumentos que favorecen u obstaculizan la participación ciudadana, e incluso la propia construcción de ciudadanía cultural (Havel, 1991). Y nos referimos aquí a espacios culturales en un sentido amplio que incluye su expresión territorial, arquitectónica, las redes de gestión y de difusión artística, el uso y la apropiación de territorios e inmuebles que tienen significado para una comunidad en particular, los medios de comunicación como ámbitos de creación, divulgación y homogenización de sentidos estéticos, entre otros.


El concepto de participación contiene así un doble significado. Por un lado hace referencia al aspecto activo de "tomar parte", de actuar en el seno de una actividad colectiva. Se habla así de participar en una manifestación callejera o en un equipo de fútbol (Braun, 1974). Supone un involucramiento personal del individuo, una disposición activa de su voluntad a querer intervenir en algo.


Por otro lado participar significa "tener parte", recibir la cuota correspondiente de un conjunto de bienes a disposición de la colectividad. Es en este sentido que se habla de participar en la distribución de las ganancias o de los beneficios de la cultura. Ello no supone necesariamente una acción por parte del individuo, pues dichos beneficios los obtiene incluso casi sin hacer nada. Están allí a su alrededor y si el quiere los puede obtener.


En su sentido activo participar es una acción social que integra la acción del individuo a la acción colectiva del conjunto social. Una acción conjunta requiere de por sí una unidad de concepción y una unidad de dirección, y por eso en relación a este aspecto los hombres de nuestro tiempo plantean dos grandes interrogantes: 1) ¿Qué parte voy a tener en la determinación de quién va a dirigir el conjunto social? 2) ¿Qué parte voy a tener en la determinación de lo que va a hacer el conjunto? Por otra parte, si los hombres se agrupan de múltiples maneras lo hacen con el propósito de crear colectivamente un conjunto de bienes que aisladamente no serían capaces de obtener. En razón de esta creación colectiva, y vinculado con la segunda acepción del término participar, surge el tercer gran interrogante: 3) ¿Qué parte voy a tener de los frutos obtenidos en conjunto?


Como se advierte, el reclamo de mayor participación contiene una demanda tanto en favor de una posibilidad de dar más como de recibir más, lo cual no es en sí mismo contradictorio si se atiende a las distinciones apuntadas.


El asunto a tratar de dilucidar es en cuál de estos dos sentidos de la expresión participación se han enfocado los críticos de la instauración de un Ministerio de Cultura en Chile.


Precisar bien los ámbitos de un debate sobre las políticas públicas es ocasión para intervenir en la calidad de la gestión de las mismas (Cansino Muñoz-Repíso & Sanz Mulas, 2006; Garde Roca, 2005).


Es sabido que solo los ciudadanos informados pueden participar en el debate a propósito de la búsqueda del bien común (en este caso la cultura). La clarificación de estos conceptos puede  entenderse también como una herramienta  a favor del debate público y la generación de ciudadanos más participativos en los asuntos culturales que los atañen. Por otra parte, como Jiménez Fernández (2007) ha señalado, la  forma de crear, implementar y evaluar políticas públicas en Chile, concede cierta relevancia a la comunidad epistémica que se constituye en torno a la discusión de las políticas públicas y a sus organismos de expresión (Jiménez Fernández, 2007)[3].


Para estos efectos, hemos de considerar como objeto de nuestra atención las dimensiones que la expresión “participación” adopta en el discurso de los actores concernidos (relevant players), en tanto reconocemos que las opiniones circulantes son fuente de posicionamiento que la ciencia de las políticas públicas hoy esta más dispuesta a atender, pues se las asume como consecuencias de conceptualizaciones fundadas sobre las nociones de “redes de actores”, “sistemas de creencias” o “universos cognitivos”(De la Maza, 2004; Márquez & de Ferrari, 2001; Surel, 2008).


El norteamericano Arnold Melstner (1992) señala que la definición de actores en Políticas Públicas se puede entender como: “un individuo, función, grupo, comité, equipo burocrático, una coalición o incluso el Estado” y que busca interferir o moldear una política pública” (Meltsner, 1992). Afirma que los actores que participan dentro de una dinámica de una política en juego se van reconociendo por las posturas de aceptación o rechazo ante una política determinada (Santibáñez, Barra Ranni, & Ortiz Muñoz, 2009c). Esta adopción de posturas hace que esos actores entreguen o no apoyo a una iniciativa de Política Pública. Para entregar su apoyo o rechazo despliegan una gama de recursos. En el caso de los actores privados pueden utilizar la publicidad, la financiación extra programática, prerrogativas de no invertir. En otras instancias emplean recursos de tipo político como manifestaciones, paros o movilizaciones y en otros casos recursos cognitivos, esto es, informes, investigaciones o artículos de expertos. La utilización de estos recursos puede ser de forma aislada o gradual o también de forma conjunta (Subirat, 1995).


Frente al tema que nos ocupa, la mayoría de las opiniones adversas a la organización de un nuevo ministerio y que han  sido públicamente manifestadas en estos últimos meses, proviene de parte de  actores vinculados en gobiernos pasados a la institucionalidad pública sobre el sector (Gaspar, 2012; Navarro, 2012; Agustín Squella, 2011)[4].


Los críticos de la creación de un nuevo Ministerio apuntan a señalar que la creación de una secretaria del ramo podría significar una pérdida para el país, pues su existencia no contemplaría la participación activa de la sociedad civil en la génesis de las políticas culturales, atributo que se asocia como una de las principales fortalezas de la actual institucionalidad cultural[5].  


Squella ha señalado que el actual Consejo ha contado con las ventajas de un Ministerio -pues el presidente del organismo tiene un rango Ministerial- al mismo tiempo que ha eludido las falencias de este tipo de entidades -ya que ha evitado la personalización, jerarquización y concentración de poder que se observa en ellos (Squella, 2011). Si bien reconoce la descoordinación de esta entidad, sostiene que por ley un Ministerio no puede tener órganos colegiados decisorios, de manera tal que no podrían cumplirse las demandas por participación ciudadana.


Mientras que Ottone (2011) no cree posible asegurar que un Ministerio no significará el fin de la representación de la sociedad civil en su seno para la determinación de sus políticas y su intervención territorial. “Queda claro que hay instrumentos que fueron creados y que ya no cumplen con la realidad actual. Seguramente en estos años hubo aciertos y errores. Es cierto que hoy el tema cultural está en el discurso de las campañas, en alguna que otra estadística o en la preocupación por mayor y mejor infraestructura, que lentamente está entrando al debate de la mejora en la educación y que la discusión sobre el respeto a la diversidad ha ido de la mano con el concepto del derecho de acceso a los bienes y servicios culturales” (Ottone, 2011).


A García (2011) le preocupa que “lo ganado en el terreno de la participación ciudadana y sectorial en el propio diseño de las políticas culturales y su participación activa en la institucionalidad cultural que contempla el actual consejo, sea dejado de lado bajo la estructura de un ministerio” (García, 2011).


Mientras que el Sindicato de Trabajadores del CNCA expresaba que la actual Institucionalidad Cultural contiene una cualidad fundamental, que por la incompetencia y falta de visión y voluntad política de las anteriores administraciones no pudo desplegarse en todo su potencial, esta es la participación ciudadana en las definiciones de las políticas públicas en cultura. Esta cualidad de profunda raigambre democrática, en cualquier circunstancia debe mantenerse y evitar propiciar una regresión autoritaria expresada en una nueva orgánica concentrada, centralista, y vertical (Anfucultura, 2011).


Edgardo Bruna, presidente de una multisectorial de organizaciones culturales, reconoce que hay un problema real en la falta de coordinación entre la DIBAM y el CNCA, pero le preocupa que un Ministerio haga perder la posibilidad de “participación” de la ciudadanía y de los acores, gremio al que representa personalmente[6].


Agustín Squella en su columna “No al Ministerio de Cultura” advierte en la necesidad de “No caer en la tentación de promover un Ministerio de Cultura -la figura más estatista, autoritaria y peligrosa que puede adoptar el Estado para cumplir sus deberes con la cultura- e impulsar un mayor rendimiento de los Consejos Regionales de Cultura, a fin de que colaboren más y mejor a un desarrollo cultural equitativo y armónico desde el punto de vista territorial, y mejorar la coordinación entre el CNCA y los consejos y fondos sectoriales del libro, la música y el audiovisual, y asimismo, con la DIBAM y el Consejo de Monumentos Nacionales, coordinaciones que dependen antes de la voluntad de quienes dirigen que de nuevas leyes sobre la materia.


En todo caso, algunos de estos argumentos contrastan con otras mediciones que se han hecho (Antoine, 2011c) que estarían demostrando que las políticas culturales implementadas desde el 2003 en adelante, si hay algo a lo que han contribuido, a ojos de los actores culturales, es precisamente su aporte a  elevar los niveles de “participación” de la ciudadanía[7].


Surgen aquí hay dos cuestiones previas que es necesario atender.


La primera tiene que ver con el hecho de que no sabemos cuál ha sido la incidencia real que la “participación” de los consejos y sus directorios en la acción ejecutiva del ministro y las políticas que se han impulsado. No existen estudios que nos permitan evidenciar que los miembros elegidos en los Consejos hayan “representado” la voz de la sociedad civil en todos los casos siendo presumible también argüir la probabilidad de que muchas veces la voz que encarnan bien podría ser la propia o la de grupos de interés a los que representan. Representar a grupos legítimamente constituidos y que han sido invitados a proponer a personas que los identifiquen en el seno de los distintos órganos del CNCA no tiene nada de malo per se, pero es merecedor de dudas que ello sea lo que se tiene en mente cuando se piensa en “participación” en las decisiones del CNCA.


En palabras de un miembro de uno de los consejo regionales de la actual institucionalidad cultural: “No son pocos los integrantes de los Consejos Regionales que siente frustración porque se sorprenden discutiendo una y otra vez los mismos temas (…) no vemos avances sustantivos, es como si siempre volviéramos a lo mismo (…) no sabemos que pasa entre Convención y Convención, qué ocurre con lo que los consejeros proponemos, quién hace ese seguimiento y para qué” [8]. Otro miembro de los comités consultivos: “En vez de mejorar nuestra gestión (de los Comités Consultivos regionales) se ha ido menoscabando. Nuestro trabajo no ha sido considerado como una fuente para la evaluación de las políticas, pese a que nosotros conocemos mejor que nadie la realidad del CNCA en las regiones, provincias y comunas del país”[9].


Un tercer integrante de los comités que integran al CNCA en parte de su estructura: “Ocurre que la mayoría de las organizaciones culturales de regiones no participa en ni con el CNCA, prefieren aliarse con las municipalidades y/o con los gobiernos regionales, a veces porque no les interesa a veces porque no quieren caer en inhabilidades para la asignación de fondos concursables”[10].


En definitiva, no existe información disponible hoy día que nos permita saber cuál es la opinión dominante de los propios actores concernidos sobre sus posibilidades reales de participar en la génesis de las políticas que el CNCA adopta. Los pocos datos que existen, ciertamente obtenidos a través de métodos exploratorios y de carácter no sistemático, pero no por ello menos indicativos de cierto “clima de opinión”, parecen evidenciar, como hemos podido apreciar, cierta disposición adversa a las reales posibilidades de “participar” (al menos en su sentido activo) derivadas de la propia estructura que el Consejo de la Cultura entrega hoy a sus integrantes.


Entre agosto y septiembre de 2011, el CNCA y la DIBAM realizaron una serie de mesas de trabajo en las distintas regiones del país para recoger tanto el diagnóstico sobre la institucionalidad cultural actual, así como también las principales propuestas que los participantes consideran que debieran ser incorporadas en el nuevo Ministerio de la Cultura y el Patrimonio –anunciado por el Presidente de la República en su Mensaje Presidencial de Mayo del 2011 (ARSChile, 2011)[11].


La segunda cuestión implicada tiene que ver con la aprobación en enero de 2011 de la  Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana (ver http://bcn.cl/4t2n). La norma tiene como finalidad que los ciudadanos se reúnan en torno a tareas comunes y así lograr el  incremento de la participación ciudadana con autoridades locales y funcionarios municipales en los proyectos públicos.


Como objetivo primordial la norma trata de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil promoviendo una cultura de la corresponsabilidad, promoviendo y orientando las acciones de contribución ciudadana hacia el mejoramiento de la eficiencia y efectividad de las políticas. Además, promueve el control ciudadano de las acciones desarrolladas por todos los organismos públicos[12].



Un Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana en la gestión pública de 2011 definió las normas generales y comprometió a los distintos órganos del estado a realizar las adecuaciones debidas para asegurar el acceso de los ciudadanos a la toma de decisiones[1]. Los objetivos estratégicos del país en materias de participación ciudadana, contemplan desde entonces la obligatoriedad de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo una cultura de corresponsabilidad; promover  orientar las acciones de participación ciudadana hacia el mejoramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas; mejorar y fortalecer los canales específicos de información y opinión de la ciudadanía y promover el control ciudadano de las acciones desarrolladas por todos los organismos públicos.


Una Resolución exenta del CNCA con fecha 12 de agosto de 2011 aprobó las normas de aplicación general sobre participación ciudadana en el Consejo Nacional de la Cultura. La disposición de hace cargo del nuevo panorama emanado a partir de la dictación de la Ley 25000, señalando el derecho que asiste a las personas a participar en las políticas, planes y programas de los órganos del Estado.


La cultura de la corresponsabilidad se entiende como “el compromiso mutuo que se establece entre el Estado y la ciudadanía para perfeccionar en conjunto las políticas y servicios públicos, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas”.


Dos son los ejes estratégicos que la nueva norma definió: a) Información y Consulta a la ciudadanía y; b) Control Ciudadano. En virtud de ello, el CNCA se obliga a desarrollar un conjunto de acciones y decisiones destinadas a asegurar la más amplia participación y diálogo ciudadano. Algunas modalidades específicas son: Cuenta Pública participativa, los Consejos de la Sociedad Civil, las Consultas Ciudadanas y el Acceso a la Información Relevante.


La Cuenta Pública obliga anualmente al titular del CNCA a informar sobre la marcha general de la institución. Los  Consejos Regionales de la Cultura y las Artes, deberán hacer lo propio a escala local. Los documentos emanados de estas rendiciones deberán ser consignados en el sitio electrónico del Consejo.


Los denominados Consejos de la Sociedad Civil, forman parte sustantiva del entramado institucional del CNCA y tienen como objetivo acompañar los procesos de toma de decisiones y seguimiento de las políticas públicas adoptadas por el Servicio. Entre los órganos colegiados más relevantes se contemplan: el Directorio Nacional del CNCA, el Comité Consultivo Nacional, los Consejos Regionales de la Cultura y las Artes, los Comités Consultivos Regionales y los Consejos Sectoriales (Consejo del Arte y la Industria Audiovisual; Consejo de Fomento de la Música Nacional y el Consejo Nacional del Libro y la Lectura).


Las Consultas Ciudadanas contemplan, entre otras; Ventanillas Virtuales de Opinión (permanentes), los Diálogos Participativos, la Convención Nacional de la Cultura (anual) y las Convenciones Zonales de Cultura (anual).


Por último, el acceso a la Información Relevante incluye la posibilidad del ciudadano interesado de acceder a las políticas, planes, programas, acciones y presupuestos del CNCA a través de mecanismos como el Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) y la aplicación de lo dispuesto por la Ley nº 20.285 sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información Pública.




[1] El Instructivo nº008 de 27 de agosto de 2008 fue promulgado el 20 de Abril de 2011 por Sebastián Piñera. Puede consultarse en: http://www.gobiernotransparente.cl/asistente/oficios/InstPres-participacion-ciudadana0022011.pdf Mientras que la nomina completa de adecuaciones a la norma 20500 puede consultarse en
http://participo.blogcindario.com/2011/08/00298-normas-de-participacion-ciudadana-en-ministerios-y-servicios-publicos-ley-20500.html
 




[1] “Vivimos en una época de desmovilización del activismo político y sindical, pero también de todo tipo de voluntariado activo en entidades sociales y culturales. La razón de esta sinrazón, arguye el especialista catalán, procede de la constatación de cuanto más individualista es la sociedad, más necesidad tiene de valores colectivos.  Eso lo saben los responsables políticos de la acción cultural, pues aunque manifiestan diferencias en la forma de concebir la presencia del Estado en la esfera de lo simbólico, suelen coincidir en que las decisiones que toman en este ámbito están animadas por el noble afán de que los ciudadanos “participen” en la cultura y las artes”, señala el autor.
[2] En el pasado reciente se han propuesto varias matrices analíticas sobre este concepto, enfoques que abarcan desde su influencia en la crisis de la democracia representativa a su consideración dentro de lo que se entiende por gobernabilidad (Pulido, 2001; Ruiz de Lezana, 2005). Otros autores, aunque reconocen los avances logrados en el ámbito de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil (Recabarren & Aubry, 2005), temas que han ocupado un importante lugar en programas impulsados desde el Gobierno chileno (Mujica, 2003c), asumen los inconvenientes que la limitan, como la concepción estatista y burocrática de la participación (Cox Urrejola, 2003).
[3] “En consecuencia, si alguien considera que los tecnócratas del aparato de gobierno han desplazado la función de la deliberación y decisión política, está completamente equivocado. Lo cierto es que la enajenación es muy superior a ese diagnóstico, puesto que los propios estudiosos presentes en las instancias de pensamiento del Estado han sido reemplazados por centros de estudios privados…”. Ib. P 2
[4] Ello sin embargo no las invalida como tales, pues no es ésta una crítica ad hominen, solo me interesa destacar el hecho con afán heurístico.
[5] Aquellas a las que aludo como aprehensiones públicamente manifestadas son en esencia opiniones publicadas y no la opinión pública que para una materia de tanta especificidad como la presente sencillamente no existe en Chile. Aunque no se trata de un tema que desmerece el tenor de los comentarios, dado el hecho que la ponencia se expone frente a un mayoritario publico de no chilenos, es válido mencionar aquí la filiación ideológica de los recurrentes. Así cabría señalar por ejemplo que el abogado Squella fue delegado presidencial de asuntos culturales del Gobierno del socialista Ricardo Lagos; mientras que Ernesto Ottone – actual director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile-, es hijo de uno de los asesores políticos más cercanos a Lagos; que María Fernanda García es presidenta del Sindicato de Actores de Chile y miembro del Directorio del CNCA-  y  que la Asociación Nacional de Funcionarios de la Cultura (ANFUCULTURA), ha encabado movimientos de protesta, funas, toma de oficinas y campañas contra las actuales autoridades del CNCA. Gaspar fue ex funcionario del CNCA y actualmente es Director del Programa de Políticas Culturales, de la Fundación Chile 21, un think tank ligado a la izquierda chilena y Navarro, un destacado gestor cultural, ex miembro del directorio nacional del CNCA que participó en su juventud en algunos de los programas culturales más ambiciosos del gobierno socialista de la Unidad Popular de Salvador Allende y esta casado con la periodista Patricia Politzer, biógrafa del ex presidente socialista Ricardo Lagos.
[6] La Unión Nacional de Artistas (UNA), es una organización creada y conformada por artistas chilenos de diversas áreas, con el fin de servir como referente de la comunidad de autores y artistas en todo el país, y defender y reivindicar su oficio, además de defender y promover la protección de sus derechos como autores, Ver: http://www.unionnacionaldeartistas.cl/.  Las afirmaciones corresponden a parte de su intervención en el seminario “La cultura en Chile, tareas pendientes de las políticas culturales”, organizado por el Programa de Políticas Culturales de la Fundación Chile 21, Santiago, 10 de mayo de 2012. Apuntes personales del autor.
[7]Cfr. Antoine, C. (2011). Participación Y Políticas Culturales En Chile, ¿Qué Hacer Con Las Audiencias? Ponencia en Seminario internacional “La participación cultural: creadores, audiencias y políticas”. En efecto, el documento Chile Quiere Más Cultura. Definiciones de Política Cultural 2005-2010, planteó tres  “objetivos” en este ámbito: (a) Crear y desarrollar más y mejores audiencias difundiendo la cultura, aumentando la infraestructura, estimulando la gestión, ampliando la formación para la apreciación de las artes e instando por una mayor calidad de los medios de comunicación; (b) Aumentar el acceso de los grupos de escasos recursos y de los grupos vulnerables a los bienes de consumo cultural, generando las condiciones iniciales para una relación permanente entre los miembros de estos grupos y la actividad cultural  y (c), Fomentar la participación y la organización ciudadana descentralizada con fines culturales. Con ocasión de una investigación sobre el particular, nuestra atención estuvo centrada en la primera de estas cuestiones, la referida al desarrollo de “más y mejores audiencias”. Nos interesaba conocer entonces ¿cómo estaban siendo recibidas esas iniciativas por los actores concernidos? Es decir, interesaba saber si ¿podría obtenerse una “opinión dominante” de los actores concernidos sobre el impacto que las políticas culturales estaban teniendo en la posibilidad de conformar “más y mejores audiencias”?  De alguna forma nos parecía que esas opiniones podrían ayudar a generar modalidades más inclusivas de evaluación de las políticas culturales y se vinculaba con la “participación” de la ciudadanía. La herramienta principal de investigación fue una encuesta de motivos y actitudes basada en un cuestionario con preguntas con respuesta a escala que fue remitida a más de 400 organizaciones culturales del país entre los meses de septiembre y diciembre de 2009.
[8] Declaración de integrante de Consejo Regional de Valparaíso, Convención Zonal Metropolitana del CNCA, Hotel Radisson, Santiago 6 de agosto de 2010, apuntes personales del autor.
[9] Declaración de integrante de Comité Consultivo. Taller Zonal Sur, octubre 2010, Valdivia. Apuntes personales del autor
[10] Ib. Supra. El comentario se refiere al hecho de que los cargos en los comités son ad honorem y su afiliación institucional los inhabilita para poder acceder a fondos concursables, que existen y son cuantiosos. Ello provoca que muy pocos agentes locales acepten integrar los Comités.
[11] El proceso fue descentralizado y los participantes fueron escogidos por el CNCA y la DIBAM, con las respectivas consultas a los expertos institucionales. En total se ejecutaron 36 mesas en las que participaron aproximadamente 400 personas.
[12] La ley 20.500 entró en vigencia el 16 de Febrero de 2011. Esta en proceso de elaboración un reglamento.
[13] El Instructivo nº008 de 27 de agosto de 2008 fue promulgado el 20 de Abril de 2011 por Sebastián Piñera. Puede consultarse en: http://www.gobiernotransparente.cl/asistente/oficios/InstPres-participacion-ciudadana0022011.pdf Mientras que la nomina completa de adecuaciones a la norma 20500 puede consultarse en
http://participo.blogcindario.com/2011/08/00298-normas-de-participacion-ciudadana-en-ministerios-y-servicios-publicos-ley-20500.html
 




[1] Algunos trabajos disponibles establecen comparaciones entre la evolución institucional en países cercanos en el centro de Europa (Negrier, 2003). Algunos otros, afincados en nuestro subcontinente, enfatizan una perspectiva más cercana a la arqueología del derecho cultural y administrativo (Edwin Harvey, 2006, 2008). La mayoría de los aportes disponibles presentan como estudio paradigmático, la construcción de las Políticas Culturales en Francia, especialmente a partir de la creación en 1959 del Ministerio de Cultura por el gobierno de De Gaulle (Baker, 1987; Beaulieu & Dardy, 2002; Caune, 2005; Xan, 2007).
[2] Entre los meritorios aportes destacan los trabajos de Karina Arias (Arias Yurisch, 2010; Arias Yurisch & Gálvez Gómez, 2010), que incluyen referencias interesantísimas sobre la evolución de nuestras instituciones culturales y, el testimonio biográfico de algunos de los protagonistas de procesos centrales de su conformación en las décadas pasadas. Mientras Agustín Squella aporta también una perspectiva más personal al análisis desde su propia experiencia como delegado presidencial para los asuntos culturales a mediados de la década pasada (Agustin Squella, 2005). Otros aportes, como los de Subercaseaux (1991, 1993, 1997) han estado referidos al estudio de algunas prácticas culturales definidas (vg. el libro y la lectura), pero restan las visiones de conjunto.
[3] Aspecto que he tenido la ocasión de desarrollar en anteriores trabajos como Antoine, C. (2011). Comunicación y Participación: Diagnóstico de los equipamientos culturales de Santiago de Chile. [Paper]. Re-Presentaciones. Periodismo, Comunicación y Sociedad (8), 73-88 y, Antoine, C. (2011). Participación Y Políticas Culturales En Chile, ¿Qué Hacer Con Las Audiencias?, ponencia en Seminario internacional “La participación cultural: creadores, audiencias y políticas”.
[4] Squella (2006) señaló que el concepto que en un sentido restringido de la expresión, está constituido por los  organismos gubernamentales que cumplen funciones en el ámbito de la cultura.  Pero que en un sentido amplio, comprende las Políticas Culturales públicas en aplicación; los organismos que definen tales políticas y que las aplican por medio de los programas y proyectos que ejecutan; el personal calificado a cargo de la gestión de esos organismos; los presupuestos públicos de que se dota a éstos y con los que se retribuye y capacita a dicho personal; los instrumentos por medio de los cuales se asignan recursos públicos a la cultura, tales como fondos concursables y otros; los estímulos para la inversión privada en cultura; y las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que dan soporte normativo a cada uno de los aspectos antes señalados.




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