Al haber y al debe. La agenda pendiente de la gestión cultural en Chile.




por  Cristian Antoine Académico e investigador universitario. 

I. Introducción
La gestión cultural chilena está en camino de consolidación como profesión. Con los altibajos naturales a un proceso de conformación disciplinar y profesional que tiene también precedentes en otras latitudes, las esperanzas siguen puestas en el desarrollo de mayores capacidades profesionales que permitan aprovechar adecuadamente el sustrato legal, financiero e institucional para con la cultura y las artes con que se dotó Chile en estos últimos treinta años.
Se trata de una de las profesiones nuevas del siglo. Aunque si bien, como casi todo lo que conocemos hunde sus raíces en la noche de los tiempos, el desarrollo de lo que modernamente se ha llamado Gestión Cultural es una experiencia relativamente reciente en el horizonte de las profesiones de la cultura y la comunicación.
Al principio se manifestó tímidamente y de forma muy restringida debido a la censura existente en un espacio político poco favorable al desarrollo de las manifestaciones artísticas. Se asumía que la actividad cultural era un campo que en general estaba en manos de simpatizantes de izquierda, y por ende que una actitud beligerante también en este plano estaba plenamente justificada. Ello se tradujo entre otras medidas, en la prohibición del ingreso de artistas al país al considerarlos una provocación al “orden público”; el exilio numerosos artistas y creadores, la imposición de una régimen de censura previa (especialmente entre 1973 y 1983) y, en general, severas restricciones a la libertad de expresión artística e intelectual. No fueron pocos los que perdieron la vida a causa de sus ideas.
La experiencia chilena no fue diferente a la de otros países del continente que experimentaron dictaduras militares entre las décadas de los cincuenta y hasta los ochenta. En la mayoría de ellos la sociedad civil construyó nichos de expresión y participación social en los grupos culturales. La generación de estos espacios fue vital para la conformación de nuevos modelos de interacción social promovidos en las etapas de transición a la democracia, así como para delinear los distintos sectores culturales (Molina, 2013).
En 1990 terminó un gobierno que en gran medida y por su propia naturaleza no tenía muchas simpatías por la cultura y la vida de las artes. Pese a ello, esa tímida referencia que dejó inscrita en los deberes del Estado en materia cultural contenida en la CP’80, específicamente en su artículo 19°, número 10 donde señala taxativamente que “corresponderá al Estado fomentar la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación”, se iba a convertir a la postre en una de las columnas fundamentales del modelo chileno de gestión cultural.

II. Gestión de la Cultura y leyes representativas.
En la actualidad, la industria musical, del cine, la televisión, el teatro, la danza, museos, fundaciones, centros culturales, instituciones públicas, o el patrimonio histórico-artístico; demandan profesionales que sean capaces de gestionar y canalizar la cultura, en sus más diversas manifestaciones, para que esta pueda ser disfrutada por el  público en general.  Es la disciplina que llamamos Gestión Cultural la que capacita a un conjunto de operadores en el sector para el uso de las herramientas necesarias para la administración y gerencia de empresas, plataformas y proyectos culturales, así como para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en el sector y la interpretación, difusión y puesta en valor de los recursos culturales y artísticos de la sociedad.
La Gestión Cultural, según la define Bernárdez López, es: “la administración de los recursos de una organización cultural, con el objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue al mayor número de público o consumidores, procurándoles la máxima satisfacción” (Bernárdez, 2010). Esta definición funciona también para hablar del trabajo puesto en eventos, espacios culturales o actividades generadas en este sector. Lo anterior aplica con mayor énfasis cuando hay una planeación generada a partir de políticas culturales.
A nuestro entender el gestor/administrador cultural es aquel profesional  que en forma permanente, estable y remunerada diseña, organiza, implementa, coordina, controla, supervisa, vigila, financia y evalúa programas, acciones, proyectos y  actividades artísticas y culturales, tanto en instituciones públicas como  privadas.







El papel del gestor cultural o del equipo gerencial de la institución es el de intervenir en las fases del ciclo de vida del acontecimiento cultural, desde que se inicia como una idea hasta, ya materializada en su soporte específico, tiene contacto con el público. Las fases del ciclo son: creación (diseño), producción (materialización), difusión (campañas de información e invitación y marketing) y la distribución (consumo directo del público). La intervención del gestor puede hacerse desde distintos enfoques y con diferentes metodologías y énfasis. A través de programas tales como: apoyo a la creación, extensión y promoción de la producción artística, formación artística - cultural, divulgación del patrimonio, ampliación de públicos, entre los más importantes.
La intervención del gestor puede hacerse desde distintos enfoques y con diferentes metodologías y énfasis a través de programas tales como: apoyo a la creación, extensión y promoción de la producción artística, formación artística - cultural, divulgación del patrimonio, ampliación de públicos, entre las más importantes.
Los campos de intervención del gestor cultural van desde las Artes Plásticas y visuales, las Artes escénicas (teatro, ópera, danza…), la Literatura, las Artes del audiovisual (cine, video), los sectores culturales vinculados a la participación y a la cultura popular y tradicional y los sectores culturales emergentes (turismo, ciencia, deporte, urbanismo, solidaridad y cooperación), entre otros.
Como es fácil de deducir, la existencia de un cuerpo legislativo que en distintos planos de la vida institucional defina la existencia de fondos, asigne recursos y determine responsabilidades sobre el sector, ya sea por acción u omisión, es uno de los aspectos centrales que define el éxito de una gestión de la cultura. A la generación de ese  marco estuvieron dedicados los esfuerzos una vez recuperada la democracia en el país.
Un destacado rol institucionalizador le cupo a los Gobiernos de la Concertación, que, con el apoyo de la que era oposición en ese momento, supieron generar una serie de leyes que conforman hasta hoy el sustrato legislativo y jurídico para la gestión cultural chilena. Es un hecho no menor el alto grado de consenso existente entre los actores políticos del país sobre lo que hay qué hacer en materias de políticas culturales y, quién tiene que hacerlo.
Buena parte de estas tareas recayeron en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), el órgano del Estado encargado hasta hoy de implementar las políticas públicas para el desarrollo cultural, y que fuera creado por ley de la República en el 2003. Su misión ha sido la de promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la creación artística nacional; así como de la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que estimulen una participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines.
Entre las principales leyes aprobadas en el período es destacable la complementación por su reglamento respectivo de la Ley de Ejercicio y Difusión de las Artes, que databa de 1969 (Ley Nº 17.236) y que establecía normas en favor del ejercicio, práctica y difusión de las artes y, en general, del patrimonio cultural de la nación. La norma estableció que los edificios y espacios públicos, deberán ornamentarse gradualmente con Obras de Arte.
Otra norma muy influyente fue la popularmente conocida como “Ley Valdés”, en realidad una modificación a la ley de la Renta de 1990 (Ley N°18.985), que fijó un régimen de beneficios tributarios a las empresas y personas por donaciones realizadas al financiamiento de proyectos artísticos y culturales. Estableciendo Chile un nuevo modo de financiar la cultura, en el que el Estado y el sector privado participan por igual en la calificación y el financiamiento de los proyectos que se acogen a este beneficio.
Por su parte, la Ley de Fomento del Libro y la Lectura, (Ley Nº 19.227 de 1993), determinó la creación de un Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, destinado a financiar proyectos y acciones referidas a esas materias, entre las que se pueden contar: campañas de reforzamiento de la lectura, construcción y modernización en el uso de los centros bibliotecarios y apoyo a proyectos destinados a la creación literaria, entre otros.
Que el Estado de Chile apoye, estimule, promueve y difunda la labor de los autores, compositores, artistas intérpretes y ejecutantes, recopiladores, investigadores y productores de fonogramas chilenos, forjadores del patrimonio de la música nacional, para la preservación y fomento de la identidad cultural, es obra de la Ley de Fomento de la Música Chilena (Ley N° 19.928 de 2004). Mientras que la Ley de Fomento del Audiovisual (Ley Nº 19.981 de 2004), también conocida como "Ley del Cine", establece las responsabilidades del Estado en apoyar, promover y fomentar la creación y producción audiovisual.
La legislación aprobada estos años ha definido además una serie de mecanismos para la  entrega de recursos.  Aunque no es fácil hacerse un cuadro más o menos coherente de los recursos públicos asignados al sector cultural, pues ello debiera incluir las asignaciones directas a los distintos fondos existentes, como por ejemplo el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, el Fondo para el Fomento de la Música Nacional y el Fondo de Fomento Audiovisual. A parte de financiamiento presupuestario del propio Consejo Nacional de la Cultura. A ello habría que agregar someramente las partidas recibidas por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, los fondos públicos que financian a las Universidades del Estado y que desarrollan actividades artísticas y culturales, las asignaciones de los gobiernos regionales y fondos directos como los que se asignan a la red de fundaciones de la Presidencia.
El Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, reparte anualmente recursos superiores al antiguo FONDART, al que reemplazó. El Fondo asigna recursos en las siguientes seis líneas: fomento de las artes, desarrollo cultural regional, conservación del patrimonio cultural, desarrollo de culturas originarias, industrias culturales, y becas para artistas y administradores culturales. Sin perjuicio de los recursos que asigne el Fondo Nacional, el Consejo de la Cultura distribuye recursos adicionales especialmente a programas de desarrollo cultural en áreas deficitarias.
No es menor. Desde mediados de la década el sector cultura aporta el 1,3 por ciento del total de la actividad económica nacional (PIB). Allí donde la agricultura representa tan solo el 0,66%, la industria textil el 0,78% y la pesca el 1,02%.
El aporte del sector privado al financiamiento de las artes se estima en equivalente al 10% de lo que invierte el estado chileno.

III. La Formación de Gestores Culturales
Actualmente la gestión cultural ha alcanzado un estado de desarrollo en el cual los distintos actores (estado-empresa-artistas- público), se han visto beneficiados por el aumento de instancias culturales que dan cabida a un creciente número de ciudadanos a ejercer su derecho de acceso a la cultura.
Hemos podido apreciar los notables avances efectuados en estos últimos veinte años en materias vinculadas directa o indirectamente con la administración de la cultura. Habría que mencionar además que estos fueron los años de los grandes diagnósticos sobre la cultura (Ej.“Chile está en deuda con la cultura”, “Cartografía Cultural”); de la creación de numerosas leyes (Ley del Libro, Ley Valdés; Ley de Premios Nacionales; Ley CNTV, Fondart; Ley de Propiedad Intelectual; ley de Prensa; Calificación Cinematográfica, NIC); y de un aumento considerable del consumo cultural de los chilenos.
Son también años de un fuerte movimiento en procura de la asociatividad. Estas décadas han visto organizarse a los profesionales del área en AdCultura, una asociación gremial de carácter nacional que los convoca desde hace unos años; mientras por su parte se han organizado los creadores en defensa de sus derechos de autor; igual lo han hecho los diferentes sectores para plantear sus demandas sectoriales (plataforma audiovisual, plataforma teatral, entre otras).
¿Han estado a la misma altura los esfuerzos por formar a los profesionales encargados de participar en la gestión de la cultura y las artes? ¿Es posible advertir avances o retrocesos?
Hacia comienzos de la década pasada no menos de cinco universidades chilenas estaban ofreciendo programas de diplomados en la especialidad, entre ellos, un primer magister. Se calcula que por esos años unas 700 personas habían egresado de estos programas profesionales. No existen cifras actualizadas que nos permitan inferir tendencias, no obstante, un estudio hecho por AdCultura demostró que el 44% de los gestores culturales tiene formación profesional y el 27% de ellos son profesionales que se han formado en instituciones nacionales (Adcultura, 2009).





Si sabemos de algunos retrocesos en la oferta de procesos de formación. Los programas de postgrado que nacieron bajo ciertos liderazgos académicos en las universidades Santo Tomás y SEK, a mediados de la década pasada, no han podido asegurar su continuidad, otros no alcanzaron a ver la luz (U. del Pacífico). Otro factor concomitante que ha perjudicado la consolidación de estos programas son los cambios frecuentes de dirección académica (Universidad de Chile, Universidad de Los Andes) en el seno de facultades que aún no asumen con la debida perspicacia la necesidad de dotar de estabilidad el trabajo del claustro, que continua siendo escaso y ralo. El propio curso de Gestión Cultural que en modalidad virtual ofrece el CNCA ha cambiado varias veces de orientación no siendo dimensionable aún su real aporte al sector. La formación en regiones es escasa, son destacables los esfuerzos de las universidades de Valparaíso por asegurar su oferta de cursos de diplomado, y el esfuerzo que hace la Universidad de Chile por mantener un curso en Puerto Varas funcionando ininterrumpidamente desde hace algunos años.
Es cierto que, al menos desde 2005, el CNCA ha buscado contribuir a la gestión cultural nacional con diversos programas que han puesto énfasis en la formación, redes de información, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la gestión de entidades locales. Entre dichos programas están el propio Diplomado Virtual que hemos mencionado, pero habría que mencionar también la elaboración de un Sistema de Buenas Prácticas sobre Gestión Cultural Municipal, la implementación y actualización permanente de un sitio especializado en materias de gestión cultural llamado Red de Gestores Locales, y por cierto, esta misma revista.
En la misma línea, también puede considerarse un aporte a la formación la edición por parte del CNCA de manuales básicos orientados a promover la autoformación en materias de gestión cultural y el diseño de proyectos. Algunos de ellos son las únicas publicaciones disponibles para el sector.
No obstante, uno de los aspectos más novedosos de estos últimos años ha sido la conformación de algunas iniciativas de gestores culturales locales, tanto en el plano de la animación como en la administración de la cultura. Entre ellas quiero destacar a la Escuela de Gestores Culturales que desde el 2009 realiza en Chile un Encuentro Nacional de Gestores y Animadores Culturales y que, seguramente, irá consolidando su liderazgo en el tiempo.
Otro caso digno de mayor atención es la Escuela de Espectadores, una iniciativa de formación de audiencias que nació en Santiago al alero de la multitudinaria experiencia del Festival de Teatro a Mil y ahora se aloja en el Centro Cultural Gabriela Mistral, organización que lleva un liderazgo evidente en el sector. Con respecto a la formación de animadores culturales, es deber mencionar lo obrado por la corporación Balmaceda Arte Joven, una asociación cultural de derecho privado y sin fines de lucro que opera con fondos provenientes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, lo que la convierte en un aliado estratégico de este organismo en la ejecución de políticas públicas relacionadas con el acercamiento del mundo juvenil a la formación artística y a los bienes culturales.
La calidad y pertinencia de la gestión de instituciones culturales complejas en Chile ha sido reconocida incluso más allá de nuestras fronteras (vg. Premio Reina Sofía al Centro Cultural Estación Mapocho), siendo obviamente un símbolo del nivel de profesionalismo alcanzado. La insistencia del Estado en exigir planes de gestión cultural explícitos en los diseños de nuevos espacios para las artes y la cultura que se levantan en el país desde mediados de la década pasada, ha actuado también en el mismo sentido de comprometer un tratamiento técnico y profesional a los asuntos vinculados con la administración de las artes y la cultura.
IV. La agenda pendiente de la gestión cultural en Chile
Son varios sin embargo los aspectos en los que la contabilidad de estos últimos años nos llevaría a observar con más detalles la columna de los números en rojo. Uno de ellos tiene que ver con la escasa participación ciudadanía en la discusión sobre nuestras políticas culturales. Más allá de las grandilocuentes declaraciones en este sentido, lo cierto que la mayoría de nuestros espacios para la cultura y las artes no parecen muy empeñados, salvo excepciones por cierto, en ser reconocidos como instrumentos que favorecen la participación ciudadana. El ejemplo reciente de las críticas que se granjeado la administración del Museo Histórico Nacional, empeñado en consultarle a la ciudadanía qué es lo que espera del principal museo histórico del país, es sintomático de esta actitud.
No obstante la amplitud de la temática, nos parece que existen una serie de cuestiones implicadas que vale la pena examinar con más detalle en aras a determinar el sentido que la dimensión “participación” alcanza en el diseño e implementación de las “políticas culturales” (Antoine, 2013). Un Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana en la gestión pública de 2011 definió las normas generales y comprometió a los distintos órganos del estado a realizar las adecuaciones debidas para asegurar el acceso de los ciudadanos a la toma de decisiones. Los objetivos estratégicos del país en materias de participación ciudadana, contemplan desde entonces la obligatoriedad de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo una cultura de corresponsabilidad; promover  orientar las acciones de participación ciudadana hacia el mejoramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas; mejorar y fortalecer los canales específicos de información y opinión de la ciudadanía y promover el control ciudadano de las acciones desarrolladas por todos los organismos públicos.
Esta materia se ha tornado de gravitante actualidad en el contexto de la instalación en Chile de un Ministerio de Cultura. Es muy curioso ver que la idea de un Ministerio para el sector, un anhelo que se viene incubando desde mediados del siglo pasado, despierta rechazo no por constituir un evidente crecimiento del ámbito de la presencia del Estado en los “asuntos culturales de la Nación” al decir de Malreaux, sino que su génesis no fue lo “suficientemente participativa” al decir de agrupaciones que representan intereses muy particulares y que son muy eficientes en la protesta callejero pero con poca voluntad de discutir en serio[1].
No obstante la existencia del marco legal el sector funciona aún con mucha opacidad.
Los organismos culturales chilenos se encuentran marcados en su mayoría por prácticas que no se condicen con la necesaria rendición de cuentas a la que obliga el uso de los recursos fiscales. Es por ello que los lineamientos de propuestas se basan en mejorar el accountability, la transparencia, la colaboración con el sector privado y la eficiencia de la asignación de recursos (Antoine, Brablec, & Montalva, 2013). Habrá que avanzar en la generación de mecanismos que aseguren el traspaso de recursos e incentiven una cultura de la transparencia y contribuyan a generar confianza, tanto en los postulantes, como aquellos que efectivamente reciben los fondos, y de la ciudadanía en particular de modo de minimizar la discrecionalidad en la asignación de los aportes del Estado.
Es probable que estos problemas sean consecuencia de la predominancia en estos últimos años de un enfoque verticalista de la promoción de la cultura, en que se ha privilegiado la actuación del Estado como financista de la actividad del sector cultural y promotor de políticas orientadas más al estimulo de la oferta que la generación de demanda de bienes, servicios y productos culturales (Antoine, 2012; Antoine & Brablec, 2011).
Es necesario adoptar ahora a un enfoque más horizontal, en que el Estado se relacione de una manera más activa con la sociedad civil, las organizaciones sociales, los gremios, movimientos sociales, empresas, fundaciones y entidades del tercer sector. De un enfoque de preeminencia de la visión estatal, asimilada además indebidamente a lo “público”, ha de girarse hacia un enfoque de “cooperación”, es decir, de interacción entre el Estado y las instituciones, organizaciones, proyectos y experiencias de la sociedad, en un plano simétrico, más transparente y responsable.
A comienzos del 2014 Chile será sede de la 6a Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura, un evento organizado en conjunto por la Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales (FICAAC) y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (CNCA). El encuentro tendrá lugar en un país donde, pese a los avances, aun los creadores no cuentan con todas las herramientas para desarrollar su creatividad ni los ciudadanos puedan gozar del arte y el patrimonio en pleno ejercicio de su libertad de elegir. Ello requiere de una serie de medidas que implica un fuerte compromiso de las autoridades nacionales, regionales y locales y también del mundo privado y la sociedad civil. El primer paso es sin duda un mejoramiento de la institucionalidad cultural.
No queremos entender la gestión de la cultura como un nicho de especialistas, sino como una profesión viva ejercida por personas ocupadas en acercar a otras personas al disfrute de la belleza, empezando por la lectura, pero también alcanzando al teatro, la música, la historia y, en general, todo nuestro patrimonio. Queremos una gestión cultural pública no para ''entregar cultura'', porque el Estado no es capaz de eso, sino una institucionalidad que sea capaz de ayudar a que todos los chilenos puedan disfrutar de lo mejor de la herencia cultural de la humanidad. 
Queremos un espacio de financiamiento que otorgue más y mayores estímulos al sector privado, a las personas especialmente, para que sean ellas mismas con su aporte las que contribuyan al financiamiento de las actividades artísticas y culturales. Para poder pasar del actual 9:1 a un 7:3 o un 6:4, ideal.
Queremos una gestión cultural que forme audiencias de verdad, no las de aquellas que se agotan en la representación de espectáculos callejeros, de modo que cada vez más sean los chilenos de a pie los que decidan con sus hijos de la salir los fines de semana a vivir culturalmente su ciudad, su barrio.
Sin duda la gestión cultural chilena está en camino de consolidación. Con los altibajos naturales a un proceso de conformación disciplinar y profesional que tiene también precedentes en otras latitudes, las esperanzas siguen puestas en el desarrollo de mayores capacidades profesionales que permitan aprovechar adecuadamente el sustrato legal, financiero e institucional para con la cultura y las artes con que se dotó Chile en estos últimos años.

Bibliografía







[1] Las Consultas Ciudadanas están ahora garantizadas entre otras por las Ventanillas Virtuales de Opinión (permanentes), los Diálogos Participativos, la Convención Nacional de la Cultura (anual) y las Convenciones Zonales de Cultura (anual). El acceso a la Información Relevante incluye la posibilidad del ciudadano interesado de acceder a las políticas, planes, programas, acciones y presupuestos del CNCA a través de mecanismos como el Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) y la aplicación de lo dispuesto por la Ley nº 20.285 sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información Pública. 

Comentarios

Entradas populares de este blog

Cambios en la legislación sobre financiamiento privado a la cultura en Chile

Acceso a la cultura: La comunicación en los espacios culturales.

Exigencias y desafíos a los investigadores en comunicación