Nueva propuesta de ley de Mecenazgo en Argentina

Nueva propuesta de ley de Mecenazgo en Argentina

por Cristian Antoine

·     *    El actual gobierno de Argentina ha dado un paso sustantivo el presentar recientemente una ley federal de “Desarrollo Cultural”, iniciativa que la prensa ha denominado “Ley de Mecenazgo”.

  *         A pesar de que algunas  provincias cuentan con una ley provincial propia, y la ciudad de Buenos Aires tiene la suya desde hace varios años, hasta aquí nunca se ha logrado sancionar una legislación por el estilo, que comprenda a todo el territorio nacional, de ahí la novedad de la iniciativa.

El mecenazgo en la actualidad en Argentina

El mecenazgo de actividades culturales es una acción asumida por empresas preocupadas de encontrar nuevos mecanismos de comunicación con sus públicos. Para la empresa moderna, desarrollar una imagen positiva se ha convertido en todo un reto. Es cierto que la empresa tiene por principal objetivo lograr una rentabilidad económica que permita su desarrollo, pero se estima en la actualidad que además la empresa puede (y debe) asumir una responsabilidad social y colectiva con la sociedad. Una manera concreta de manifestar este interés por colaborar es a través del financiamiento de actividades artísticas y culturales. A cambio de este aporte, que aliviana la carga del Estado, se suelen disponer rebajas tributarias en su beneficio.




Como sinónimo de “patrocinio cultural”, el mecenazgo actual es una técnica de comunicación mediante la cual una entidad comercial ofrece unos recursos en forma monetaria o en especie a una organización, evento o causa patrocinada con la finalidad de conseguir un beneficio indirecto al asociar con ella su imagen corporativa o de marca, sus productos o servicios (Capriotti, 2007).

El auge de la gestión cultural está relacionado no sólo con la necesidad de administrar mejor las organizaciones culturales, sino con la creciente complejidad del financiamiento de la Cultura en el marco de un mercado competitivo que tiende a exigir una mayor adaptación social y resultados. Entre los factores a considerar destacan la evidente retracción del Estado y su imposibilidad de hacer frente a crecientes necesidades de financiación del sector; el aumento de los costos para hacer Cultura  y, la complejidad de la acción cultural ante  exigencias de un público mejor preparado, más exigente e inquisidor. Lo cierto es que el sector público no agota las posibilidades de intervención en el  ámbito de la cultura.  El sector privado también interviene en el mismo campo, lícitamente, de manera activa y con buenos resultados. Las relaciones positivas entre el sector público y el  privado se han ido fraguando a través de la función de fomento,  consistente en que el primero incentiva y apoya las actividades proyectadas y desarrolladas por el último. 

Es aquello se ha llamado “principio de colaboración” (Zabarte, 1999), entendido como la concurrencia que debe existir entre distintos entes llamados a intervenir en lo cultural para que realicen actividades conjuntas, aunando esfuerzos en pos de una mejora cuantitativa y cualitativa de sus actuaciones y de los resultados que se deriven de las mismas.  Ello como consecuencia del hecho que las necesidades culturales son, a medida que aumenta el nivel de desarrollo social, político y económico de una comunidad, cada vez más numerosas. La colaboración es inevitable, especialmente si se atiende al hecho, como lo recuerda Jean-Jacques Aillagon, ex ministro de Cultura en la Francia de Chirac, durante el período 2000-2004 cuando se promulgó y se puso en ejecución la Ley de Mecenazgo en el país: “El dinero público es, recordemos, dinero privado que se hizo público a través de los impuestos. El dinero público y el dinero privado, si se le da a una acción de interés general, siempre es parte de la riqueza nacional. La verdadera pregunta es qué parte de la riqueza nacional se puede asignar a la cultura y todo lo que es útil para el desarrollo de la sociedad. El Estado lo debe garantizar"(Runno, 2013).

Con independencia de los aspectos que resultan beneficiosos para ambos sectores, a quien fundamentalmente  interesa el mecenazgo, a quien reporta beneficios concretos e inmediatamente evaluables, es al sector privado que lo ejercita. Es principalmente al sector privado a quien corresponde sentar las bases que propicien y estimulen de manera progresiva su intervención en estos asuntos.



Aunque uno de los elementos clave para garantizar la fortaleza, perdurabilidad y eficacia de la institución de mecenazgo sea contar con un marco jurídico adecuado, cada sociedad ha ido generando su propio espacio para estimular la participación del sector privado en programas que tienen como objeto actividades de contenido social, como educación, ecología, deporte y cultura. En nuestro continente las experiencias son variadas, complejas y tienen una extensa trayectoria histórica.

No son pocos los países que han  ido constituyendo regímenes legales favorables al mecenazgo y patrocinio empresarial a la cultura, a partir de legislaciones específicas sobre donaciones modales adscritas a beneficios de carácter tributario y la creación de instituciones (públicas y/o privadas) que tienen como objetivo la promoción y estímulo del mecenazgo cultural por la empresa y los particulares.

La experiencia de normas que, directa o indirectamente, favorecen y alientan el mecenazgo de la empresa y las personas, tienen presencia en América Latina desde finales de la década de los ochenta (Harvey, 2003).

Harvey (2003) llama  “sistemas públicos orgánicos de incitación fiscal al mecenazgo interesado”, a este tipo de legislación que permite a las empresas y a las personas individuales, hacer aportes al sostenimiento de iniciativas en el campo de la cultura y las artes. 

El actual gobierno de Argentina ha dado un paso sustantivo en esa dirección el presentar recientemente una ley federal de “Desarrollo Cultural” que la prensa ha denominado “Ley de Mecenazgo”.   Se trata de la vigésimo sexta vez que llegará al Congreso un proyecto en esa materia, de alcance nacional, elaborado en este caso por la Dirección Nacional de Mecenazgo, y basada en el texto vigente para la Ciudad de Buenos Aires (Redacción, 2016b).

A pesar de que las provincias de Córdoba y Santa Fe cuentan con una ley provincial propia, y la ciudad de Buenos Aires tiene la suya desde hace varios años, hasta aquí nunca se logró sancionar una legislación por el estilo, que comprenda a todo el territorio nacional, de ahí la novedad de la iniciativa.

Antes de examinar en detalle el articulado de la propuesta actual, observemos con algo de detalle el contexto de lo que han sido las experiencias en materias de mecenazgo que tenido Argentina.

¿Cuál es la situación actual de la legislación de mecenazgo en el país trasandino?

El apoyo privado al arte tiene muchos años de tradición en la Argentina aunque ha debido convivir siempre con la fuerte presencia del financiamiento público  que entrega al Estado un rol preponderante al respecto.  Probablemente por el predominio casi sin contrapeso del financiamiento público por décadas, existe en Argentina un cierto recelo de la clase política a favorecer exenciones fiscales de las empresas en la cultura. Las leyes que existen suelen ser muy rigurosas en asegurar el predominio de agentes públicos en los consejos calificadores y tienden a imponer a imponer más trabas que a favorecer los aportes. 

Desde la empresa se promueve un mecenazgo profesionalizado que respondiendo a sus propios valores y estrategias de posicionamiento define qué instancia artística o cuál artista individual responde a dicha necesidad y luego de haber efectuado un análisis específico (costo – beneficio) ejecuta la inversión. El patrocinado o el candidato a patrocinar se adapta a los requerimientos de la empresa al igual que en la radiodifusión debe hacerse para absorber la pauta de aquellas empresas que llevan adelante políticas de RSE (Baranchuk, 2007).

En lo que respecta a la figura del mecenazgo, ésta ha sido útil para analizar el entramado entre poder político y poder económico y sus relaciones con el sector de la cultura. Dicha figura permite vislumbrar, no sólo cuales fueron las estrategias para “proteger” las artes y las letras por parte de los mecenas, sino también -de manera clara y notoria- cómo las artes y sus artistas colaboraron en sostener el poder y mejorar la imagen de los propios mecenas. Las instituciones culturales indican que la principal motivación de las empresas para apoyar proyectos,  es el de la publicidad brindada por ellos.

Uno de los casos más conocidos de contar con una ley federal fue anteproyecto para una Ley de Mecenazgo elaborado hace algunos años por el diputado nacional Luis Brandoni. La norma  tenía como objetivo estimular e incentivar la participación privada en la financiación de proyectos culturales. No obstante, en un contexto de fuerte crisis económica el presidente Eduardo Duhalde lo vetó en el 2002, objetando que “el costo fiscal que acarrean las exenciones debe solventarse con una mayor carga tributaria a otros agentes sociales”.  

En mayo de 2003, el gobierno de Río Negro aprobó la ley de “Fomento de la Actividad Privada en Actividades Culturales”.  La legislatura rionegrina  se manifestó a favor de la creación de un instrumento que incentivara la financiación de proyectos y actividades culturales por parte de aportes privados, mediante incentivos fiscales. La ley estableció que personas físicas o jurídicas pueden realizar aportes-en dinero o recursos- “para la generación, conservación, enriquecimiento y difusión de bienes y servicios culturales”, que luego pueden deducirse en hasta un 10 por ciento de la cuota correspondiente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Hasta donde sabemos, tienen leyes de mecenazgo en Argentina las provincias de Catamarca (2002), Río Negro (2003); El Chaco (2004), Misiones (2004), Tucumán (2006), entre otras.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en operaciones recién en 2009 las disposiciones que aprobó a fines del 2007 para promover el mecenazgo para la urbe atlántica.  La norma estaba destinada a estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos de interés público.

La puesta en marcha de esta iniciativa es la noticia más importante para la gestión cultural de los últimos años. La historia nos muestra que las épocas de esplendor cultural generalmente han visto asociadas libertades cívicas y recursos económicos. Con la democracia nuestra generación presenció el fin de la censura y una primavera cultural. Pero llevó casi un cuarto de siglo llegar a una ley como ésta. Por eso podemos hablar de un cambio revolucionario en la modalidad de financiamiento de las artes y la Cultura(Santilli, 2008).

Los aspectos centrales de la norma aplicada en la capital argentina  pasan por algunos puntos destacables: 1) los proyectos debían ser sin fines de lucro; 2) la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Cultura; 3) se creó un Consejo de Promoción Cultural para evaluar propuestas, integrado por seis miembros permanentes y tres alternos. De los seis permanentes, tres serían  designados directamente por el jefe de gobierno y los otros tres por la Comisión de Cultura de la Legislatura, lo que concentraba la toma de decisiones en un área eminentemente política.

En efecto, el 14 de diciembre de 2006 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había sancionado la Ley n°2264/06 que creaba un Régimen de Promoción Cultural para Buenos Aires,  destinado a estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales.  La norma incluyo beneficios tributarios a quienes apoyaran proyectos en el campo de la Literatura, Teatro,  Danza, Artes visuales, Circo, Patrimonio cultural, Música popular o académica, Publicación de revistas, Edición de libros, Cine, Arte digital, Artesanías, Radio, Televisión, Sitios de Internet, entre otros.

Cientos de proyectos culturales se concretaron en los últimos años gracias a la ley 2264. La legislación habilitó a artistas o instituciones que desarrollan actividades culturales sin fines de lucro a buscar financiamiento de empresas o contribuyentes menores y que éstos desgraven impuestos.

En 2007 la ley fue aprobada y comenzó a ser aplicada dos años después. En la actualidad tiene aval unánime. Sin embargo, también existen críticas acerca de la distancia que debería existir entre Estado y empresas, la adecuación del sistema para ampliar la plataforma de contribuyentes que puedan aportar a estos proyectos, y el modo de ampliar los potenciales beneficiarios del sistema, de modo de no limitarlo a grupos con trayectoria y grandes empresas[1].

El mecanismo que propuso la norma de 2006 es bastante sencillo: los proyectos son evaluados por un Consejo de Promoción Cultural en la órbita del Ministerio de Cultura porteño, que tiene seis miembros permanentes, tres elegidos por el Ejecutivo y otros tres por la Comisión de Cultura de la Legislatura, más tres miembros alternos por cada rama del arte. Una vez aprobadas las presentaciones, con el sello de la ley, los propios interesados deben encontrar sus mecenas, empresas grandes o pequeños contribuyentes que desgravan un porcentaje de pago de los ingresos brutos por sus aportes.

El régimen permite a las empresas y comercios que tributan en la Ciudad de Buenos Aires destinar parte de lo que pagan en concepto del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos directamente a proyectos culturales declarados de interés por el Consejo de Promoción Cultural y aprobados por el Ministerio de Cultura.

Qué propone la nueva ley

Para algunos observadores argentinos, lo que se busca con este tipo de leyes que rigen en países como Chile y Brasil, con un notable éxito, es poder inaugurar una vía directa y transparente de financiación de proyectos culturales de interés social a través de aportes de empresas privadas, que se desgravarían de sus respectivos aportes fiscales.

Macri anunció el proyecto de ley de "mecenazgo", en el marco de la firma del "Compromiso Federal por la Cultura". Se trata de una iniciativa que enviará el Ejecutivo al Congreso para que empresas privadas puedan financiar proyectos de culturales a cambio de beneficios impositivos.

La prensa trasandina destacó que durante su discurso, Macri aludió a  la importancia de la cultura como una herramienta para cumplir dos de los tres objetivos de su gestión: unir a los argentinos y pobreza cero. "La pobreza no es solo la carencia de una vivienda o un buen trabajo sino la carencia de este lugar de encuentro, de nutrirte. La cultura no solo te genera oportunidades, también logra que tengamos otra paz interior y otros puentes de comunicación entre todos y que podamos progresar desde ese lugar y potenciar otras actividades", afirmó.




El proyecto de ley de "mecenazgo" que empieza su tramitación legislativa replica a nivel nacional una norma que está vigente desde 2006 en la Ciudad de Buenos Aires.  En corto el proyecto fue explicado por el Ministro de Cultura Pablo Avelluto: “Imaginemos a empresarios que pudieran tener incentivos por ejemplo una reducción en su impuesto a las Ganancias, para financiar proyectos. Entonces, el Estado lo que hace es decirle a los empresarios que directamente transfieran el dinero a quienes tienen que realizar esos proyectos pero sin pasar por el Estado"(Redacción, 2016a).

Juan Manuel Beati, quien estuviera a cargo de la redacción de la ley porteña, fue también el responsable de la redacción del nuevo proyecto, explicó que los beneficiarios del Sistema Nacional de Desarrollo Cultural podrán ser las personas jurídicas sin fines de lucro de objeto cultural; los entes públicos; los consorcios de copropietarios y las personas propietarias de bienes declarados de valor patrimonial por entidades oficiales; las cooperativas y sociedades simples que desarrollen labores culturales; y las personas jurídicas con fines de lucro, constituidas con objetivos culturales, siempre hasta el cincuenta por ciento (50%) del costo de realización de la obra y presentándose a través de una Organización no Gubernamental cultural.

La evaluación de los proyectos estará a cargo de un Consejo Nacional de Desarrollo Cultural con representación política de los poderes Ejecutivo y Legislativo, representación técnica artística de las diversas disciplinas, y jurisdiccional por provincias y CABA.

El trabajo de los integrantes del Consejo será ad honorem.

Los patrocinadores de las iniciativas que se reciban serán las sociedades empresariales que tributen al Impuesto a las Ganancias; los incentivos para estas empresas serán de un porcentaje de deducción sobre los aportes realizados: cincuenta por ciento en proyectos a realizarse en la ciudad de Buenos Aires; un ochenta por ciento en el resto del país; y un noventa por ciento en el caso de proyectos de interés especial (será facultad del Ministerio de Cultura el otorgar carácter especial a proyectos relacionados con zonas de vulnerabilidad social y de patrimonio cultural).
Los contribuyentes no podrán otorgar, por año, montos en virtud del presente régimen por más del cinco por ciento del Impuesto a las Ganancias determinado del periodo fiscal inmediato anterior en que se haya efectivizado el aporte.

El monto total anual asignado al presente régimen, mediante el cual los contribuyentes pueden efectuar el pago a cuenta de su obligación tributaria, no podrá superar el 0,50 por ciento del monto total recaudado por la AFIP en concepto de Impuesto a las Ganancias.
Se trata de una nueva iniciativa que buscará poner en contacto al Estado (que resigna recursos de su recaudación), a las empresas privadas (que apoyarán iniciativas culturales a través de sus impuestos) y a la sociedad civil, que de aprobarse el proyecto tendrá una forma alternativa de financiar proyectos culturales que no tengan fines comerciales.



Características de la norma propuesta
Este proyecto de Ley constituye una versión mejorada y adaptada a la realidad nacional argentina de la experiencia desarrollada por una norma general vigente para la ciudad autónoma de Buenos Aires, aunque por tratarse de un perfil federal se advierten algunas diferencias, especialmente en las alícuotas diferenciales de deducción del impuesto previstas y en la conformación del Consejo Nacional de Desarrollo Cultural.

El promotor de la norma declara haber realizado un estudio comparativo con el desempeño de los órganos de evaluación y selección de los diversos países de Sudamérica y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que ha dado por resultado que el modelo de conformación adoptado por la ciudad capital de la REPÚBLICA ARGENTINA, que privilegia la participación de técnicos para las distintas  disciplinas artísticas, ha demostrado un rendimiento mucho más racional en el resultado de las evaluaciones. En efecto, ello ha sido un factor diferenciador de la Ley Valdés para el caso chileno, que ha privilegiado la constitución de un organismos calificador de las donaciones conformado mayoritariamente por personas con experiencia en gestión de proyectos culturales y no en representantes políticos.

Para el proponente, las personas jurídicas sin fines de lucro conforman el grupo de mayor permeabilidad a los beneficios de esta Ley, lo manifestado se debe a que conforman el tipo organizativo que mejor representa a las comunidades culturales y artísticas que no logran posicionar sus producciones en el mercado cultural; “es importante observar detenidamente esta situación, porque dichos actores culturales constituyen el fermento, el semillero y la potencia social que genera las expresiones culturales genuinas de nuestro país. Además facilitan una penetración social desde la cual tejer redes de comunicación”.  Con ello se deja en evidencia que uno de los propósitos a los que apunta a la ley es a tratar de contribuir a una formalización del sector a través de su conformación en personas jurídicas con un fin artístico o cultural. Creen que una de las maneras de contribuir a la generación de un ecosistema de funcionamiento posible es dejar que las personas continúen obteniendo ayuda a través de otros organismos como el FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, el INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, el INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA, entre otros, y limitar el Sistema Nacional de Desarrollo Cultural a otro tipo de beneficiarios.

La mejor solución parece ser proponer un formato a partir del cual una Organización del Sector Civil (O.S.C.) cultural pueda asociarse a una productora o a una editorial, para que en el caso de  obtener ganancias extraordinarias con el producto cultural participe en las mismas, reinvirtiéndose este recurso en nuevos objetivos culturales de la O.S.C.

Se ha adoptado un modelo que promueve la participación de las empresas, sin  dejar de asegurar que la misma sea siempre genuina en términos de aportes propios del  contribuyente, a fin de engrosar la inversión privada, evitar que todo el esfuerzo sea trasladado a la recaudación e instrumentar un sistema que prestigie a quienes se animen a dialogar y comprometerse con las comunidades y artistas de Argentina.

Uno de los  aspectos diferenciadores de la Norma es la creación de un  SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL (SINADEC), con el objeto de incentivar la cooperación entre empresas, organizaciones no gubernamentales, creadores y artistas para estimular la diversidad en la  producción de bienes y servicios culturales, y facilitar el acceso a los mismos.  Para ello se crearía un Consejo Nacional de Desarrollo Cultural, integrado por seis Consejeros Generales, un Consejero Jurisdiccional por cada provincia y por la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que se desempeñará sólo en los proyectos que correspondan en función del territorio en que se desarrollen y dos Consejeros Artísticos que se desempeñarán sólo en los proyectos que correspondan en función de la disciplina artística para la que se encuentren designados.

Crear un “sistema nacional de desarrollo cultural” ha de suponer un esfuerzo bastante más complejo e integrador que el que podría lograrse con una sola ley, por muy perfecta y técnicamente bien hecha que este. No dudo en que el Consejo podría ser un ente que promueva una mirada más estructural del funcionamiento de la institucionalidad cultural argentina, afectada en parte por unas tendencias a la atomización de los esfuerzos que impide una mayor proyección de su potencial,  pero el SINADEC requerirá de otros cuerpos legales que lo sustenten.  Pero en esa misma ambición podría haber el germen de una fuente futura de discusiones al interior de la sociedad argentina, pues cada nueva institución en cultura, especialmente de aquellas que definen ámbitos de intervención del sector público, son una fuente potencial de injerencia del Estado en un espacio de la vida nacional en la que hay otros actores que pueden y deben tener no sólo derechos, sino también responsabilidades. Suele ocurrir que la institucionalidad cultural termina siendo cooptada por grupos políticos que se llevan el grueso de los recursos en financiar la burocracia que se crea y que suele ser un caro botín por la cantidad de puestos –generalmente bien remunerados- que genera.

Otro avance me parece es el ocurre con la denominación de “Patrocinadores” a las empresas que realicen aportes a la cultura. En efecto, a tenor de la norma los Patrocinadores son personas jurídicas contempladas en el artículo 69 inciso a) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones, contribuyentes del Impuesto a las Ganancias que aportan al financiamiento de proyectos culturales aprobados por la Autoridad de Aplicación.  Con ello la legislación argentina recoge la mejor experiencia internacional del patrocinio a la cultura, dejando opciones más exóticos y eufemísticas de “auspiciadores” o “colaboradores” como aparecen en otras latitudes.  El aporte de la empresa privada y las personas al desarrollo de iniciativas culturales y artísticas es un patrocinio, siendo éste una “especie” dentro del “reino” del mecenazgo.

Los Patrocinadores pueden imputar en el Impuesto a las  Ganancias como crédito a favor, parte del monto de los aportes que hubieran efectuado a proyectos culturales aprobados en el marco del SINADEC, conforme a los procesos y  formalidades que establezca la reglamentación para la instrumentación del estímulo fiscal y ateniéndose a los siguientes porcentajes:
a) CINCUENTA POR CIENTO (50 %) en proyectos a realizarse en la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES;
b) OCHENTA POR CIENTO (80 %) en el resto del país;
c) NOVENTA POR CIENTO (90 %) en el caso de proyectos de interés especial.

Con esta disposición la norma propuesta asume también un sano principio de distinción por zonas geográficas que promueve unas políticas culturales sensibles a las diferencias centro/periferia que han sido ya apreciadas para el caso chileno y brasileño, donde la mayoría de las donaciones tiene lugar en la capital del país. Por cierto ello no obedece sino a la lógica del patrocinio como la exposición de un mensaje a las más amplias audiencias posibles, factor al que se suman cuestiones como las preferencias de los propios artistas a radicarse en ambientes que estimulen su creatividad y a la existencia, también en ambientes metropolitanos, de mayores proporciones de gestores culturales y especialistas en marketing de la cultura.

Los montos aportados por los Patrocinadores, deben ser depositados por éstos en una cuenta bancaria del beneficiario creada para uso exclusivo del proyecto aprobado, en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Oportunidades y amenazas

Hoy, artistas y representantes del campo artístico e intelectual, fundaciones, empresas y políticos coinciden en su valor e impulsan que exista una legislación similar a nivel nacional, una idea que, por ahora, viene naufragando en proyectos que lograron media sanción en el Congreso y finalmente cayeron, en gran medida porque es habitual que la política cultural quede fuera de la agenda legislativa y además, porque son normas que requieren el respaldo del área económica del gobierno, ya que parte de la recaudación fiscal no ingresaría en las arcas del Estado.

La posibilidad de que surjan minimecenas, monotributistas o comerciantes es uno de los aspectos más audaces de la ley pero casi no ha tenido eco. Hasta ahora, la mayoría de los proyectos que pudieron juntar dinero lo hicieron con aportes de empresas grandes. Los motivos son varios, muchos destacan la falta de información y el hecho de que los aportes tienen estrecha relación con el monto que se requiere para financiar un proyecto: si una muestra multimedial o un film necesitan un mínimo de 100.000 pesos, la empresa tiene que haber facturado millones, ya que lo que pueden destinar hoy es el 10 por ciento de lo que aportan por ingresos brutos (hasta el año pasado sólo se podía destinar el 2 por ciento).

La eficacia en el uso de los recursos activados por las leyes de mecenazgo es la clave del éxito. Para ello será necesario montar adicionalmente un sistema de seguimiento y medición de impacto.

Referencias


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LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTE ARTICULO SON DE JUAN GARCILAZO, GENTILEZA, MUSEO ARTES DECORATIVAS DE BUENOS AIRES.

[1] La cantidad de proyectos presentados desde 2009 aumentó de modo sostenido. Según datos del Ministerio de Cultura de la Ciudad, el primer año fueron 342 los postulantes y 174 los aprobados; en 2014 de 563 interesados, 411 pudieron salir a buscar quién los acompañe. En cuanto al monto financiado, el año pasado los aportes de mecenas a diferentes proyectos alcanzaron los 155 millones de pesos argentinos.

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